ESTADO EN RETROCESO Y DESPROTECCIÓN A LAS VICTIMAS

El próximo 25 de noviembre, el día de la Eliminación de la violencia contra las mujeres, llega en un contexto adverso, en nuestro país, para las mujeres víctimas de violencia. Afirmamos esto debido a que el primer año de gestión del gobierno de La Libertad Avanza implicó cierre, vaciamiento y desfinanciación de áreas y programas claves en materia de prevención y actuación contra la violencia de género.

Un recorrido de lucha y reconocimiento

El primer antecedente del día de la eliminación de la violencia contra las mujeres, lo sentó el Primer Encuentro Feminista Latinoamericano y del Caribe, realizado en Bogotá en 1981.  Este primer encuentro de mujeres de toda Latinoamérica proclamó el 25 de noviembre como el Día de la No Violencia contra las mujeres, recordando a las Hermanas Mirabal (Minerva, Patria y María Teresa), activistas asesinadas durante la Dictadura de Rafael Trujillo en República Dominicana (1930 – 1960). El repudio a su asesinato inició una crisis terminal para la dictadura dominicana, convirtiendo a las hermanas “mariposas” en símbolo de la mujer dominicana y latinoamericana. También de cómo el poder se ensaña particularmente con ellas: mujeres, madres, dirigentas aguerridas, con capacidad y con compromiso político, y una enorme valentía para defender su Patria.

En 1993, la Asamblea General de Naciones Unidas aprueba la Declaración sobre la Eliminación de la Violencia contra la Mujer, donde se define a la violencia hacia la mujer como “todo acto de violencia basado en el género que tiene como resultado posible o real un daño físico, sexual o psicológico, incluidas las amenazas, la coerción o la prohibición arbitraria de la libertad, ya sea que ocurra en la vida pública o en la vida privada”.

En diciembre de 1999, la ONU emite la resolución 54/134 que establece el 25 de noviembre como el Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer.

Nuestro país, acompañando nuevas visibilidades e impulso a una problemática por años ocultada, también fue generando sus propias herramientas legales y sus propias políticas de estado, fruto de la lucha de organizaciones de mujeres víctimas de violencia, de familias de mujeres violentadas y asesinadas y de colectivos feministas.

En 2009 se sanciona la Ley 26. 485 de protección integral contra la violencia hacia las mujeres que entre otras cosas obliga a los gobiernos a tener políticas específicas en la materia.

En este camino, numerosas organizaciones aportaron asistencia a las víctimas de violencia, trabajando en articulación con otras organizaciones y con el propio estado. Uno de estos espacios, La Casa del Encuentro es responsable de los primeros censos sobre femicidios en el país, realizado mediante el Observatorio de femicidios en la Argentina “Adriana Marisel Zambrano”. Recientemente al cumplirse 8 años del primer Ni Una Menos, el Observatorio realizó un recuento de los femicidios entre 2015 y 2023, con la escalofriante cifra de  2282 femicidios y femicidios vinculados de mujeres y niñas.

Casos emblemáticos en nuestro país fueron impulsando la lucha del movimiento feminista buscando políticas concretas de prevención, asistencia a las víctimas y condena de la violencia de género, siendo el femicidio la expresión última y más brutal de una violencia que inicia mucho antes y atraviesa transversalmente todos los espacios y rangos sociales. Tenemos en la memoria casos como el de Chiara Pérez, asesinada junto a su hijo no nato, que impulsó el primer Ni Una Menos, el abuso sexual seguido de femicidio de Lucía Pérez en Mar del Plata en 2016, que motivó el primer paro de mujeres, o el femicidio de Micaela García, que dio nacimiento a Ley Micaela de capacitación en materia de género obligatoria para los poderes del estado y su inclusión en los programas educativos.   

Desmantelamiento

Desde iniciada la actual gestión, con el cierre del Ministerio de la Mujer, la mayoría de las políticas públicas y programas de prevención y atención a las víctimas de violencia, fueron desmantelados, vaciados o desfinanciados, limitando gravemente el alcance y dejando sin asistencia a mujeres, niñas y adolescentes víctimas de violencia.   

Si bien en un primer momento las funciones del ex Ministerio de la Mujer pasaron, reducidas, a la nueva Subsecretaría de Protección contra la Violencia de Género que pronto pasó a depender del Ministerio de Justicia, en junio pasado el Gobierno decidió disolver la Subsecretaría, dejando a miles de víctimas de violencia sin ningún reparo institucional concreto.

Según el Equipo Latinoamericano de Justicia y Género 19 políticas de Género están sufriendo desmantelamiento, con una alta sub ejecución presupuestaria,  y baja en el alcance, entre las que podemos nombrar: la línea 144, el segundo dispositivo de atención más conocido entre las víctimas de violencia, la aplicación de la Ley Brisa, de reparación económica para hijos e hijas de víctimas de violencia de género con sólo 7 dictámenes favorables a junio de 2024, el Programa Acercar derechos, cuyas coordinadoras provinciales fueron despedidas, o la implementación de la Ley Micaela, con 0 capacitaciones realizadas, que además fue modificada mediante la Ley Bases, eliminando la obligatoriedad de la capacitación. 

Un caso emblemático es el del Programa Acompañar, creado para brindar una herramienta de independencia económica a mujeres en riesgo alto por violencia de género, mediante el otorgamiento de una prestación económica equivalente a un Salario Mínimo, Vital y Móvil (SMVM) por un período de seis meses, acompañado de un seguimiento  (implementados a través de las áreas de género de los Municipios a nivel federal).  Desde asumido el gobierno se incorporó a muy pocas víctimas de las más de 100 mil solicitudes, pero además ninguna cobró. Además, se modificó por decreto su alcance y requisitos, reduciendo 3 meses la duración de la ayuda económica y estableciendo la condición de las víctimas hagan la denuncia policial o judicial.

El daño que provoca este abandono y este cambio de mirada  es enorme, si tenemos en cuenta que el 75% de los casos de violencia se viven a nivel intrafamiliar y que, según los datos del Sistema Integrado de casos de Violencia por motivos de Género (2013-2023)  el 95% de la víctimas no tiene ingresos suficientes para cubrir sus gastos y 7/10 tienen  a su cargo niños menores de 14 años:  la vulnerabilidad económica dificulta a la mujer y a sus niños salir de la situación de violencia y muchas veces las empuja a volver con el agresor.

El desmantelamiento y vaciamiento, acompañado de la difusión de discursos de odio, con ataque y desprestigio constante hacia toda la agenda de género por parte del propio gobierno, forma parte de un retroceso que tiene repercusiones internacionales. El pasado 14 de noviembre, la CIDH otorgó audiencia a las organizaciones de la sociedad civil de Argentina, obligando al estado argentino a responder por la “Situación de las políticas de prevención, sanción y erradicación de las violencias de género”.