La educación universitaria gratuita en Argentina es uno de los tantos derechos legados por Juan Domingo Perón y cumple 76 años de su sanción el 22 de noviembre.
En 1949 se emitió el decreto 29.337 que comprometió al Estado nacional a dotar a las universidades de los recursos necesarios para el acceso sin restricciones a la educación universitaria. La matrícula se incrementó y en cinco años se duplicó la cantidad de estudiantes.
El camino transitado no fue sencillo y tuvieron que pasar décadas para que finalmente la gratuidad tuviera rengo constitucional.
La lucha comenzó con la Reforma Universitaria de 1918, un hito gestado en la Universidad Nacional de Córdoba. Los estudiantes cuestionaron el carácter arancelado y elitista del ingreso, ya que hasta ese momento sólo la clase acomodada podía estudiar, y consiguieron el cogobierno y otros logros, pero no pudieron remover el mayor obstáculo para el acceso popular y masivo a la universidad: el arancel.
No al arancelamiento
En 1949, todas las universidades argentinas, entre ellas la de Córdoba, eran públicas y aranceladas. Retomando las ideas de los reformistas, el primer plan Quinquenal justicialista (1947-1951) planteó que el Estado instauraría la gratuidad de la universidad para los estudiantes de menores recursos. El primer paso de este proyecto había sido la creación de la Universidad Obrera Nacional en 1948 (hoy Universidad Tecnológica Nacional), para la formación técnica y profesional de los trabajadores y sus hijos.
Un año después, con el decreto presidencial 29.337, se estableció la gratuidad de todas las universidades públicas del país y el compromiso gubernamental para su financiamiento. Además, se le otorgó carácter institucional a la autonomía universitaria lograda por los reformistas del 18.
La gratuidad de la educación universitaria tuvo sus detractores: fue anulada por las dictaduras, restablecida en los oasis democráticos hasta ser recuperada definitivamente con el gobierno de Alfonsín en 1983 y reforzado con su estatus constitucional a partir de 1994.
Si la educación pública no es accesible, sólo pueden tener posibilidades quienes tienen dinero para pagar aranceles, por eso siempre bregamos por una educación pública, gratuita y de calidad, para que todos tengan oportunidades. Arancelar la educación es conspirar contra el desarrollo del país, ya que tenemos la certeza que la educación es una inversión. Pensarla como un costo llevará indefectiblemente al estancamiento, pauperización y déficit de mano de obra capacitada y especializada para cubrir los recursos humanos que requiere el país para su crecimiento.
