Por Luis Miguel Baronetto

El Tribunal Oral Federal 2 de Córdoba, con la presidencia del juez riojano Mario Martínez, condenó al abogado Carlos Otero Álvarez, exsecretario penal del Juzgado Federal de Córdoba, por incumplimiento de los deberes de funcionario público y abuso de autoridad. Aunque los tres años de prisión en ejecución condicional parecieron exiguos en relación a los siete años solicitados por la fiscalía y las querellas, se destacó el hecho por las especiales características de este juicio. Otero Álvarez había sido absuelto en el primer juicio a los magistrados realizado en 2017, donde fueron condenados a tres años el juez Miguel Ángel Puga y el fiscal Antonio Cornejo, ambos de actuación durante los años de la dictadura militar. El tribunal de entonces que presidió el juez Julián Falcucci, absolvió al exsecretario penal por considerarlo un simple “fedatario”. Dicho fallo fue anulado por la Cámara de Casación Penal en 2020, disponiendo la realización de un nuevo juicio que recién se concretó a fines de 2024 y finalizó el pasado 31 de marzo.

El alto funcionario judicial fue imputado de no denunciar -como era su obligación- para que se investigaran 92 hechos de detenciones ilegales, torturas y homicidios de presos políticos alojados en la cárcel de San Martín (UP1) en 1976. Se trató en todos los casos de presos con causas judiciales por aplicación de la ley 20.840, de Seguridad Nacional, es decir que estaban bajo la jurisdicción del juzgado federal donde actuaba el secretario penal Carlos Otero Álvarez.

En 2010 fueron condenados los máximos jerarcas Videla, Menéndez y otros por los fusilamientos de presos y presas de la UP1. Pero la jueza Garzón de Lascano separó del expediente a los funcionarios judiciales denunciados en la denominada “causa maldita” de la Justicia federal de Córdoba. Dilataron el proceso judicial con artimañas leguleyas y connivencias inocultables.

La verdad, aunque tardó mucho, se impuso. Y llegó la justicia demorada por las complicidades del propio Poder Judicial, que hizo todo lo posible por dejar estos delitos en la impunidad en aras de salvar el “honor de la sagrada familia”.

En esta Córdoba de apellidos doctorales, herencias oligárquicas y familias intocables que se regodean en el conservadurismo liberal y católico, que los legos e ignorantes –como nos calificó el mismo imputado- hayan logrado cruzarles una condena desde el mismo palacio que creían de propiedad exclusiva, le resulta una afrenta intolerable.

Les ganó el compromiso persistente, el no bajar los brazos y las aspiraciones de justicia.

Con este veredicto condenatorio honramos la memoria de quienes fueron víctimas del accionar delictivo de este funcionario judicial.

Afrontamos las contrariedades propias de un proceso judicial inmerso en un contexto político adverso. No es poca cosa que ante el embate a las instituciones que padece nuestra democracia desde las más altas esferas del poder, se haya logrado esta condena por delitos de lesa humanidad. No les sirvió la negación de las violaciones de los derechos humanos ni las apologías que generan odios y violencias. 

Este positivo hecho judicial enseña que vale la pena empujar en todas las instancias y no dejar de dar los pasos necesarios cuando existe convencimiento de una causa justa, que reclama acciones. Son las que sustentan la esperanza, que nunca es pasiva porque se construye con el esfuerzo y el aporte colectivo.

Con memoria, triunfó la verdad y la justicia.

(foto)La mirada perdida de Otero Álvarez que ya no goza de impunidad