El jueves 14 de marzo se reunió La Mesa Sindical de Córdoba en la sede de SMATA, donde luego de analizar el presente de las y los trabajadores cordobeses, emitió un duro comunicado en contra de la política económica del presidente Javier Milei, pero también cuestiona algunas medidas del Gobierno provincial, solicitando una reunión con carácter de “urgente” con el gobernador Martín Llaryora, para tratar la situación de los trabajadores cordobeses.
Nuestro Sindicato estuvo presente a través de los compañeros Secretario General, Jorge Molina Herrera, el Secretario Adjunto Daniel Tapia, y la compañera Marcela Siccone, Secretaria de la Mujer y Equidad de Género de la CGT Regional Córdoba.
En diálogo con Eléctrum, el compañero Molina Herrera destacó la presencia de todas las centrales obreras y gremios estatales en dicha reunión, incluyendo a Domingo Ovando de la Unión de Personal Superior (UPS), y los esfuerzos de los distintos sectores del movimiento obrero cordobés por alcanzar la ansiada y necesria unidad para enfrentar y resistir la avanzada del Gobierno Nacional contra los derechos laborales y garantías constitucionales del pueblo argentino. Finalmente, manifestó que en el transcurso de esta semana se confirmaría la fecha de reunión con el gobernador Llaryora, previa a la reunión del “Pacto de Mayo” donde se expondrán los reclamos y necesidades del movimiento obrero cordobés, con especial hincapié en las paritarias salariales y los despidos en el ámbito estatal.
A continuación, compartimos el documento suscripto por todos los Secretarios Generales presentes:
LAS ENTIDADES SINDICALES DE CÓRDOBA EXIGEN URGENTEMENTE UNA AGENDA DE TRABAJO JUNTO A LA PROVINCIA CON LOS SIGUIENTES TEMAS
Las organizaciones gremiales de Córdoba se manifiestan ante la crítica situación generada por las medidas anunciadas por el Gobierno Nacional y por algunas decisiones del Gobierno Provincial, que son de público conocimiento y que afectan directamente a los trabajadores activos, jubilados, formales y de la economía popular, estatales y privados. Está claro que el sector asalariado, tanto formal como informal, está siendo la variable de ajuste del modelo económico que se está implementando desde Nación hacia abajo.
Ante este cruento escenario venimos a plantear las siguientes problemáticas que requieren sean atendidas de urgencia y exigen compromiso de todos los sectores tanto gubernamentales como sindicales firmantes en pos de la defensa de nuestros representados y sus familias.
PÉRDIDA DE PUESTOS DE TRABAJO:
Las empresas de los distintos sectores, tanto privadas como estatales, están advirtiendo sobre la profunda crisis económica desatada por las políticas del Gobierno Nacional, las que han provocado un fuerte impacto en las fuentes de trabajo y producirán en el corto plazo una importante cantidad de despidos. Como consecuencia de ello, muchas familias perderán el sostén económico principal de sus hogares, generándose una situación sin precedentes de caos socioeconómico.
SALARIOS:
Desde la asunción del nuevo Gobierno Nacional, el ajuste sobre los salarios ha sido brutal, el plan motosierra/licuadora dispuesto por las medidas gubernamentales, impactan directamente en el ingreso de los trabajadores, a ello tenemos que sumarle un marco inflacionario descontrolado y el aditamento de una devaluación del 51% en los primeros tres meses de este año, lo que ha generado una pérdida estrepitosa en el poder adquisitivo de los trabajadores.
La Provincia no ha sido ajena a las consecuencias de esas políticas y ha desconocido aumentos paritarios salariales acordados formalmente, impulsando convenios por valores sustancialmente inferiores a los pautados.
IMPUESTO A LAS GANANCIAS:
Como siempre hemos pregonado, el salario no es ganancia, sin embargo, este Gobierno ha planteado reinstaurar esta política tributaria absolutamente regresiva, la cual tiene incidencia negativa sobre un universo de casi un millón de trabajadores. Lo absurdo de la cuestión es que, quien hoy es Presidente, aprobó la ley que quitaba el impuesto y hoy pretende reestablecerlo a pesar de que se han planteado alternativas tributarias coparticipables.
ESTANFLACIÓN:
En el contexto de las políticas de shock, implementadas según el Presidente para quitar beneficios a ‘la casta’, nos encontramos en contrapartida con este extraño fenómeno denominado estanflación; situación que combina lo peor que le puede suceder a una economía, esto es: Inflación y Recesión. Las consecuencias inmediatas derivan en una contracción en la producción de bienes y servicios, lo que trae aparejado medidas nocivas tales como: suspensiones, reducción de jornada y despidos.
Ello sumado al incesante aumento de precios lo que impacta en el consumo impidiendo que las familias puedan acceder a bienes imprescindibles de la vida diaria. En definitiva, se sientan las bases para un cóctel explosivo que sin lugar a dudas destruirá a la clase media trabajadora.
OBRAS SOCIALES:
La quita de fondos al sistema de salud y la desregulación de las Obras Sociales Sindicales generan una situación insostenible en el tiempo, en una secuencia conocida: cada vez más trabajadores quedarán sin cobertura de sus Obras Sociales y se incrementará la demanda a los hospitales públicos, ya afectados por la reducción de recursos.
Asimismo, esta política intenta desfinanciar al sistema solidario de salud de nuestras instituciones, lo que a la larga tendrá una incidencia directa en la calidad de las prestaciones médicas generando un perjuicio a la clase obrera y sus familias.
ALQUILERES:
La actual modificación en el régimen legal de los alquileres de la mano del famoso DNU 70/23 ha dejado a merced del mercado la regulación de los precios de los cánones locativos; ello tiene un sustancial impacto negativo, en un contexto que carece de políticas públicas destinadas a la adquisición de viviendas propias. La falta de créditos hipotecarios o programas de vivienda social no deja a los trabajadores otra alternativa más que volcarse al sector de arrendamientos para solventar el problema habitacional familiar.
En Córdoba los precios de los alquileres se han triplicado desde diciembre del año pasado merced a la normativa referida, siendo la brecha entre salarios y alquileres cada vez más grande, circunstancia que genera una inmensa incertidumbre en los trabajadores y miedo a perder su vivienda y núcleo de vida.
ATAQUE A LOS GREMIOS-PERSECUCIÓN IDEOLÓGICA:
Asimismo, planteamos la profunda preocupación que existe en el ámbito del sindicalismo cordobés respecto del feroz ataque al que se lo somete de manera constante y sistemática por parte de representantes políticos del Gobierno Nacional, motivado por el innegable interés en avasallar los derechos de los trabajadores, buscando debilitar a nuestro sector en la lucha político social laboral.
En nuestra Provincia, y como ha sido reiteradamente denunciado, son muchos los empresarios que difunden una inquebrantable embestida a la actividad sindical, desconociendo la representación de los gremios y sancionando hasta con el despido a los trabajadores que sostienen la adhesión a nuestras instituciones, ello, en una clara conducta desleal que se enfrenta a los lineamientos básicos, irrenunciables e indisponibles que nuestra Carta Magna ha dispuesto en su artículo 14 Bis.
TRANSPORTE:
Finalmente, y como es sabido el Gobierno Nacional ha dispuesto la quita de subsidios al transporte público de pasajeros lo que tiene una incidencia directa en el bolsillo de los trabajadores quienes se ven imposibilitados de asumir el costo del colectivo. Más aún, existen muchas localidades habitación a las que se inclinan los trabajadores y sus familias por el menor costo de los alquileres, en estos casos el aumento del boleto interurbano hace antieconómico el solo hecho de ir al trabajo.
Lo curioso de esto, es que en todas las naciones del mundo el transporte público se encuentra subsidiado por el Estado en el entendimiento de que es un servicio esencial que genera beneficios sociales y económicos. Por lo visto, este Gobierno anarco capitalista tiene una mirada opuesta.
EDUCACIÓN:
Finalmente, queremos plantear el riesgo al que están sujetos nuestros hijos debido a que el Gobierno Nacional determinó el fin del Fondo Nacional del Incentivo Docente, dejando a nuestros maestros y profesores en una situación de extrema necesidad con salarios de indigencia.
Sepa el Gobierno Nacional que la educación no es negociable, es un derecho humano inalienable y es el núcleo del cual florecen las próximas generaciones y la esperanza de nuestro país.
RESUMEN:
Por todo lo expuesto, las Organizaciones Sindicales que suscriben, ratifican su compromiso férreo e inclaudicable en la defensa de los derechos de los trabajadores y trabajadoras de Córdoba, garantizando su apoyo a los compañeros y compañeras.
En este sentido, instamos de manera urgente al Gobierno de Córdoba para que convoque a las organizaciones gremiales para abordar estos temas y todos aquellos de interés para los ciudadanos de la Provincia.
Córdoba, 14 de marzo de 2024
