UN ESTADO INSENSIBLE CON LOS MÁS VULNERABLES

La Ley de Emergencia en Discapacidad fue aprobada en julio con el apoyo de casi todo el arco político y un fuerte acompañamiento social. Entre otras medidas, preveía la regularización de pagos a prestadores, compensaciones económicas para talleres, mejoras en pensiones no contributivas y un nuevo marco para el Certificado de Discapacidad. El Gobierno nacional decidió vetarla, argumentando que no puede sostener su costo fiscal, a pesar de que representa menos del 0,5% del PBI. La ley declaraba la emergencia del sector hasta diciembre de 2027 y proponía medidas urgentes para reforzar el acceso a la salud, el transporte, la educación, el trabajo y los apoyos institucionales para personas con discapacidad. Entre sus ejes centrales, preveía la regularización de pagos atrasados a prestadores del sistema, muchos de los cuales atraviesan una grave crisis económica, y la actualización mensual de los aranceles para evitar que la inflación termine licuando los ingresos del sector.

La Discapacidad en 1º Persona

Soy una ciudadana con derechos. No nos quiten la dignidad que aún estamos construyendo.

Nací con una discapacidad motriz y me movilizo en silla de ruedas. A lo largo de mi vida, aprendí que la verdadera barrera no está en mi cuerpo, sino en una sociedad que todavía no entiende que la discapacidad no es un problema individual, sino social. Y hoy, esa sociedad, representada por su presidente, pretende dar un paso atrás.

Este 4 de agosto, el presidente Javier Milei vetó la Ley de Emergencia en Discapacidad. Una ley que no busca privilegios, sino garantizar lo mínimo indispensable: prestaciones al día, aranceles justos, condiciones dignas para prestadores, y una red de apoyo que nos permita vivir con autonomía y dignidad.

¿De verdad molesta tanto que existamos? ¿Que exijamos que se nos vea como sujetos de derechos y no como objetos de lástima?

Vetar esta ley es decirnos en la cara que no importamos. Que nuestros derechos son un gasto. Que nuestros cuerpos no valen la inversión. Es un retroceso que duele, que indigna y que nos expone a un abandono sistemático. No pedimos limosna. Exigimos justicia. Porque vivir con discapacidad en Argentina ya es bastante difícil. No necesitamos que el Estado también nos dé la espalda.

¿Qué implica el veto a la Ley de Emergencia en Discapacidad? Un retroceso que duele.

En Argentina, la discapacidad dejó de entenderse hace tiempo como un “problema individual” o “médico”, para ser reconocida gracias al nuevo paradigma de “DERECHOS HUMANOS”, como una cuestión social: es la sociedad la que debe garantizar la accesibilidad, la participación plena y el ejercicio de los derechos de las personas con discapacidad.

Desde esta perspectiva, la Ley de Emergencia en Discapacidad, votada por amplia mayoría en el Congreso Nacional en julio de 2025, no era un privilegio ni un exceso, sino una respuesta urgente a una realidad crítica. La norma buscaba declarar la emergencia hasta diciembre del 2027 en todo el país, con el objetivo de garantizar: El acceso efectivo a prestaciones básicas en salud, educación, transporte, rehabilitación y asistencia personal. La continuidad de los servicios brindados por centros de día, escuelas especiales, hogares, transportistas y acompañantes terapéuticos, entre otros.

El pago en tiempo y forma a prestadores, que vienen reclamando desde hace años por demoras y aranceles congelados.

 Algo fundamental: poner un freno a los recortes y las barreras administrativas que, aunque no siempre se ven, terminan afectando profundamente la vida cotidiana de miles de familias.

¿A qué nos referimos con eso?

A cosas que lamentablemente hoy son muy comunes: prestaciones que se cortan sin aviso, tratamientos que tardan meses en ser autorizados, trámites interminables, certificados que se vencen y hay que volver a gestionar desde cero, familias angustiadas y cansadas de tener que pelear solas con el sistema para que se respeten los derechos de sus hijos e hijas.

La ley buscaba justamente eso: que el Estado se haga cargo, controle y garantice que estos derechos no dependan del azar, de una obra social que responde tarde o de un expediente que duerme en un escritorio.

Sin embargo, el presidente Javier Milei vetó completamente esta ley el 4 de agosto de 2025. Es decir, la anuló en su totalidad, a pesar de haber sido aprobada por el Congreso. El veto presidencial no solo es legal, pero sí profundamente regresivo y simbólicamente violento, porque:

Desconoce una situación de emergencia real, que afecta a cientos de miles de personas con discapacidad y a quienes los cuidan o asisten.

Refuerza la idea de que los derechos pueden esperar* o depender de criterios económicos, contradiciendo tanto la Constitución Nacional como tratados internacionales como la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad (CDPD), que tienen jerarquía constitucional en nuestro país.

Perjudica directamente a personas con discapacidad, sus familias y a miles de trabajadores y trabajadoras del sistema de apoyo, que ya vienen trabajando en condiciones de precarización, desfinanciamiento e incertidumbre.

¿Por qué es tan grave?

Porque cuando el Estado se retira o recorta derechos, “NO QUEDA UN VACÍO, QUEDA UNA INJUSTICIA”. Las personas con discapacidad no pueden esperar. La accesibilidad, la movilidad, el acompañamiento, los tratamientos y la inclusión real no son lujos. Son derechos y cuando no se garantizan, se profundiza la exclusión, el aislamiento y la vulnerabilidad.

Desde el paradigma social, el problema no es la discapacidad en sí, sino las “barreras que impone una sociedad que no incluye, que no escucha y que no prioriza a los sectores más postergados”. Por eso, este veto representa un retroceso ético, político y social que deja en evidencia la falta de sensibilidad y compromiso del gobierno nacional con los derechos humanos.

¿Qué podemos hacer como trabajadores y trabajadoras?

• Informarnos y visibilizar lo que está pasando:
• Acompañar los reclamos de personas con discapacidad, familiares y prestadores.
• Exigir al Estado que cumpla con su rol garante de derechos.
• Defender lo que tanto costó conseguir: una mirada inclusiva, solidaria y respetuosa de la diversidad humana.
• Porque cuando se vulnera un derecho, no es una cuestión “sectorial”: nos afecta como sociedad. La discapacidad no es un gasto. Es una oportunidad de construir un país más justo para todos y todas.

Lic. en Psicología Ivana Acosta / Departamento Medicina Laboral

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Fuente: LA TINTA