Los organismos de DDHH de Córdoba nos encontramos profundamente preocupados y en estado de ALERTA frente al DNU del Poder ejecutivo que hoy entra en vigencia y el megaproyecto de ley (“ley ómnibus”) enviado por el Gobierno al Congreso de la Nación que pretenden una transformación estructural del Estado delegando en el Ejecutivo todo el poder. Es la suma del poder público.
Advertimos que esta transformación de estructuras y atribuciones del Estado; las desregulaciones y reformas económicas, educativas, culturales, sociales, laborales y previsionales entre otras, implican el avasallamiento de los derechos y la Constitución.
Rechazamos el protocolo de seguridad y el decreto inconstitucional que criminalizan la protesta social habilitando la discrecionalidad de la represión, la mano dura y arbitrariedades de las fuerzas de seguridad como «legítima defensa» liberándolos de penas con la figura de la “obediencia debida en cumplimiento de un deber». Tienden a empoderarlos y abren la puerta a un estado policial.
Rechazamos también el agravamiento de las penas para las personas que se expresen en la calle y para quienes «dirijan, organicen o coordinen una reunión o manifestación» así como la obligación de pedir permiso cualquier «congregación intencional y temporal de tres o más personas». Sabemos que para que cierre un ajuste se necesita la represión, pero esto no tiene racionalidad en un Estado de Derecho y nos retrotrae a la dictadura militar.
A 40 años de recuperada, esta Democracia que tanto nos costó está en peligro. Hacemos un llamado para defenderla con responsabilidad y apego a la Constitución a los representantes del pueblo, a toda la dirigencia política y a la justicia, a las organizaciones de la sociedad civil y a la ciudadanía en su conjunto.
FAMILIARES DE DETENIDOS Y DESAPARECIDOS POR RAZONES POLÍTICAS CÓRDOBA
HIJOS CÓRDOBA
ABUELAS CÓRDOBA
ASOCIACIÓN CIVIL EX PP Y EX PRESOS POR LA PATRIA GRANDE
Curas en la Opción por los Pobres
“El nuevo gobierno priorizó los negocios de los poderosos”
Mediante una carta difundida a propósito de la Navidad y el nuevo año, los Curas en la Opción por los Pobres (Regional NOA) expresaron su solidaridad con el pueblo y sus sufrimientos, y denunciaron “injusticias que claman al cielo”.
A través de una carta pública dirigida a sus comunidades el grupo de Curas en la Opción por los Pobres (COPP), regional NOA (Jujuy, Salta, Tucumán, Santiago del Estero, La Rioja y Córdoba), expresó su solidaridad y acompañamiento con el pueblo, compartiendo “su dolor y su frustración” ante la situación. Tomando el ejemplo de los mártires, dicen los sacerdotes católicos, “queremos vivir estos días de la Argentina cerca de ustedes, porque nos ilumina el pensamiento de quienes ya estuvieron cerca de sus compañeros de lucha: ‘No lucha contra la injusticia sólo el que la padece, sino también el que la comprende…’ » .
En el breve documento los curas sostienen que “compartimos el dolor y la frustración de quienes en estos últimos días del año ya perdieron sus trabajos, de quienes no podrán comprar carne y leche para sus hijos, porque este nuevo gobierno priorizó los negocios de los más poderosos a los derechos adquiridos durante años de lucha, derechos que nos son despojados en beneficio de los intereses escandalosos de pocos”.
“¡No es posible morirse de hambre en la Patria bendita del pan…!”, afirman los curas retomando palabras de una popular canción religiosa y, por ese motivo, argumentan, “no podemos aceptarlo sin expresar las injusticias que claman al cielo”.
En el texto se incluye luego una serie de denuncias, comenzando por “el hambre de nuestras madres, de los niños y trabajadores que este gobierno elige como política económica”, apuntando a “a las grandes empresas monopólicas que ya multiplicaron sus ganancias a costa del hambre del pueblo” y a quienes “ponen a la democracia, que tanto nos costó, que tantas vidas se llevó, en verdadero peligro de disolución”.
También se señala de manera directa a “los jueces de la Corte Suprema que han elegido irse de vacaciones antes que tratar la inconstitucionalidad del decreto de Milei que avasalla ¡hoy! cientos de derechos de todas y todos los argentinos” sin dejar de lado una advertencia ante “el silencio de quienes tienen que hablar y callan ‘prudentemente’ ”.
Los COPP expresan en la Navidad su confianza “en el Dios de la Vida. Jesús de Nazareth” quien “puso su propia vida en riesgo hasta perderla por anunciar el Reino de la justicia y la paz, donde todas y todos tienen un lugar” y señalan, recordando palabras del obispo mártir Enrique Angelelli que hay que seguir andando nomás con pasión y acción hacia tiempos más humanos”.
El documento finaliza con un saludo “a nuestras familias de trabajadores y trabajadoras, a nuestros sembradores que siguen cuidando la tierra que es vida, a nuestras mamas y papás que apuestan al futuro de sus hijos, a nuestras y nuestros jóvenes que sueñan ser felices y plenos en un mundo que parecer haber perdido el rumbo”.
wuranga@pagina12.com.ar
INFORME DE PROCURADURÍA DE CRÍMENES CONTRA LA HUMANIDAD
Actualización trimestral de las estadísticas del proceso de verdad y justicia a septiembre del 2023
Desde 2006 se dictaron 307 sentencias en juicios por crímenes de lesa humanidad: fueron condenadas 1159 personas y 178 resultaron absueltas
La Procuraduría de Crímenes contra la Humanidad informó que hay 17 juicios en curso y que otras 65 causas fueron requeridas por el MPF para que arriben a esa etapa. Son 678 las personas detenidas, de las cuales 520 cumplen prisión en modalidad domiciliaria.
La Procuraduría de Crímenes contra la Humanidad informó que desde la reapertura de los juicios en 2006 -año en que se celebraron los dos primeros procesos, que tuvieron como acusados al comisario Miguel Etchecolatz, en La Plata, y al policía federal Julio Simón, en la ciudad de Buenos Aires- hasta la actualidad se dictaron en las diferentes jurisdicciones del país 307 sentencias en las que resultaron condenadas 1159 personas por delitos de lesa humanidad cometidos en el marco del terrorismo de Estado y 178 fueron absueltas. Las estadísticas surgen de la actualización trimestral que realiza la oficina a cargo de la fiscal federal María Ángeles Ramos.
De acuerdo con el informe, actualmente se celebran 17 juicios en todo el país y en otras 65 causas el Ministerio Público Fiscal requirió la elevación a juicio. En la fase de instrucción, es decir, en la etapa preliminar, tramitan 284 causas.
En este contexto, 678 personas se encuentran privadas de su libertad, de las cuales 520 cumplen prisión domiciliaria y 96 se encuentran detenidas en establecimientos penitenciarios. Otras 62 se encuentran alojadas en la denominada Unidad N°34 del Servicio Penitenciario Federal, que funciona en el ámbito de la guarnición militar de Campo de Mayo y que, por esa particularidad, la Procuraduría de Crímenes contra la Humanidad no considera una institución penitenciaria.
Otras 1484 personas transitan actualmente los procesos en libertad. Desde 2016, los registros de personas en libertad superaron los de personas detenidas en este tipo de investigaciones. Mientras tanto, los prófugos suman 36.
Desde el reinicio de los procesos fallecieron 1534 personas investigadas por crímenes de lesa humanidad.
El reporte estadístico trimestral elaborado por la Procuraduría de Crímenes contra la Humanidad es el resultado del análisis de la información remitida periódicamente a la Procuración General de la Nación por las fiscalías federales y unidades especializadas que intervienen en estos procesos en las diferentes jurisdicciones del país.
