LUZ Y FUERZA APOYA EL RECLAMO DE ABOGADOS LABORALISTAS

En la Ciudad de Córdoba, al pie de las estatuas de Juan Bialet Massé y Norberto Centeno, 12 de noviembre de 2024.
A 50 AÑOS DE LA SANCIÓN DE LA LEY DE CONTRATO DE TRABAJO, RECLAMAMOS LA VIGENCIA DEL DERECHO LABORAL PROTECTORIO.
            Quienes hoy aquí nos reunimos, abogados y abogadas laboralistas, trabajadores y trabajadoras y representantes sindicales, nos encontramos ante la urgente e imperiosa necesidad de sostener los cimientos esenciales sobre los que se construyeron los pilares del Derecho del Trabajo, que son las bases fundantes de la convivencia democrática, del respeto mutuo, de la justicia social efectiva, de la construcción de proyectos de vida con mayor equidad y bienestar.
            Lo hacemos en este lugar significativo, al pie de los fundadores del derecho laboral argentino y en este año que se cumplen 50 años de la sanción de la Ley de Contrato de Trabajo, porque nos preocupa observar que la Magistratura de la Justicia Laboral local, que debiera operar como custodia de la mejor tradición juslaboralista, esto es, como guardianes del sentido humanista, igualitario y democratizador del Derecho del Trabajo se encuentre sucumbiendo en fallos flexibilizadores, desprotectorios, contrarios al interés de las personas trabajadoras, sujetos de tutela preferente, en sintonía con la corriente cristalizada en la “Ley Bases” 27.742.
            Nos convocamos porque nos alerta que los integrantes de la Sala Laboral del Tribunal Superior de Justicia han decidido volver a los principios de la plena autonomía de la voluntad, de la igualdad de las partes y la cosificación de la fuerza de trabajo como variable de mercado, en el particular con el actual criterio de actualización de créditos laborales que se deslinda de los daños de las personas trabajadoras, en cuyo auxilio requieren la intervención de la judicatura.
            Lo hacemos aquí en nuestro ejercicio del derecho a peticionar a las autoridades, porque entendemos que también el derecho de protesta es la base fundante de nuestra disciplina y un medio válido para que los reclamos sean escuchados.
            Dicha génesis configura la historia del Derecho del Trabajo que es la historia de la Humanidad para la construcción de un mundo mejor en base a la experiencia más reciente de los últimos siglos.
            Efectivamente, el Derecho del Trabajo, tal como evolucionó hasta hace relativamente poco tiempo, representaba la síntesis de la mejor experiencia humana en torno a: la equivalencia de las partes en conflicto (el reconocimiento de la desigualdad fáctica de los polos de una relación de trabajo); la conceptualización del trabajo como no-mercancía; el reconocimiento de la persona trabajadora a ser  poseedora de un proyecto de vida y que éste podía y debía contemplar espacios para el descanso,  la cultura y el esparcimiento, sólo posible mediante una condición económica suficiente que le garantizara el acceso a las condiciones básicas para el desarrollo de una vida digna (salud, educación, vivienda y alimentación adecuadas).   
            La experiencia del pleno empleo y el reparto más equitativo de las rentas nacionales fueron las directrices que marcaron a generaciones de trabajadores y trabajadoras.
            Luego, el derrumbe de las condiciones de vida y de trabajo de las grandes mayorías en todo el planeta, determinaron la construcción de un mundo en una única dirección marcada por el predominio del capital financiero con su propuesta de globalización para la maximización de las ganancias, las desregulaciones nacionales que posibilitaran las deslocalizaciones productivas, los impactos de la revolución tecnológica con sus secuelas de mudanzas en las relaciones productivas y, en definitiva, como ya había sucedido con anterioridad, la necesidad imperiosa de bajar los costos laborales sin importar sus consecuencias.          
            Nuestro país claramente no ha escapado a la crisis civilizatoria descripta reproduciendo las mismas calamidades en sus mayorías populares. En particular, una de esas consecuencias, en el tiempo presente, es el avance de las propuestas desreguladoras en materia laboral.
            Las argumentaciones transitan básicamente por exponer que las instituciones del derecho del trabajo han quedado obsoletas por las relaciones de trabajo impuestas por las nuevas tecnologías e industrias del conocimiento.
            Lo que verdaderamente esconden dichas expresiones -cuya materialización se pueden verificar a partir del dictado del DNU 70/23 y la sanción del capítulo laboral en la Ley Bases 27.742- es que poco importa la actualización de las relaciones laborales al requerimiento de las nuevas necesidades y modalidades productivas. En realidad lo que se quiere, pregona y consagra, es avanzar sobre los institutos fundantes del Derecho del Trabajo: el protectorio, el orden público laboral, la irrenunciabilidad de los derechos y, en definitiva, sobre el paradigma a partir del cual se prefiere al trabajo formal y regulado como ordenador de la convivencia frente a la fantasía del precarizado emprendedor autogestionado, nombre rimbombante con que se esconde la figura de cada ser humano abandonado a su suerte, en la lógica del sálvese quien pueda.
            Ello es posible por medio de un discurso que demoniza a los trabajadores y a sus abogados y abogadas laboralistas mediante lo que se ha denominado “la industria del juicio” que lejos está de serlo, ya que sin incumplimiento patronal no hay reclamo posible.
          Lejos de encontrar eco en la justicia laboral especializada y natural, lamentablemente en algunos fallos judiciales, hoy por hoy los trabajadores independientemente del resultado del juicio terminan siempre e indefectiblemente perdiendo. 
            Esto obedece lamentablemente a la decisión del Tribunal Superior de Justicia de Córdoba y en muchos jueces y juezas que han resuelto no actualizar los créditos laborales, de modo tal que, sumado a la crónica mora judicial y la inflación persistente en nuestro país, se genera la tormenta perfecta que hoy se cierne sobre el mundo del trabajo y que tanto daño produce a las personas trabajadoras afectadas.
            Esta situación cristalizada a partir de los fallos “Seren” y “Romero” mantiene hundido a todos los actores del sistema, trabajadores, abogados, tribunales, en un barro en el cual ninguna causa justa será reconocida. Ello porque determinan, de forma insoslayable, acuerdos perjudiciales para los trabajadores y sus familias, demoras y una catarata de recursos interpuestos por demandados que a la postre con o sin razón por el solo paso del tiempo, ganaran lo que pierden los actores. 
            Ganar por el solo paso del tiempo es lo más alejada del ideal de justicia, que ignominia más grande para nuestro pueblo, que afrenta a la razón.  
            El trabajador sujeto de preferente tutela constitucional y titular del crédito de carácter alimentario reconocido por sentencia judicial firme resulta objeto de un verdadero despojo durante la tramitación de su reclamo en la instancia judicial. 
            Hoy nos toca jugar en una cancha inclinada y configura una gravísima negación del Estado de Derecho que no es compatible con la manda constitucional ni con el principio de razonabilidad impulsado por la Corte Suprema de Justicia para esta materia. 
            Por lo expuesto, requerimos que el Máximo Tribunal Provincial cumpla con la obligación positiva asumida por el Estado argentino, a la luz de los Convenios e Instrumentos de Derechos Humanos.
            La doctrina que mantiene el TSJ y la Cámara del Trabajo mayoritariamente, se traduce en los hechos en la injustificada reducción de los créditos laborales, convirtiéndose el sistema de actualización utilizado, en un verdadero obstáculo para el efectivo goce de los derechos reconocidos a los trabajadores y sus defensores luego de un largo proceso.
            En efecto, la política del TSJ en materia de actualización de créditos laborales, confronta con el compromiso asumido, de garantizar de manera efectiva, el goce de los derechos de la persona humana, impuesto por la Convención Americana de Derechos Humanos (art. 1°.1), el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales (PIDESC) (art. 2.1 y 2.2 y art. 4), el art. 1° del Protocolo Adicional de la Convención Americana sobre Derechos Humanos («Protocolo de San Salvador»), entre otros, así como con lo establecido en el señero fallo de nuestro Corte Suprema de Justicia Nacional “Aquino” y con lo establecido por organismos internacionales, tal como la Observación N° 18 del Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, en tanto prescribe que los Estados Partes tienen obligaciones inmediatas en relación al derecho al trabajo y la dignidad humana.      
            A ello se agrega que quien resulta ser sujeto de especial tutela (CSJN), amparado por el Principio Protectorio, es discriminado por su condición de trabajador con respecto al resto de los ciudadanos que, dentro del fuero civil, han obtenido el reconocimiento judicial de sus derechos, en cuanto allí las actualizaciones de los créditos se efectúan con intereses que casi duplican los del fuero laboral.
            Quienes estamos aquí presentes honramos y propugnamos por la plena vigencia del derecho laboral conforme los valores, garantías y principios que le dieron origen.
           Dichos derechos se vulneran de forma sistemática y continua, por lo que requerimos de manera inmediata al Tribunal Superior de Justicia proceda a modificar el sistema de actualización de los créditos laborales, garantizando el goce íntegro de los derechos vulnerados, de forma tal que asegure su verdadera intangibilidad. Solo así se habrá respetado la dignidad de la persona humana, evitando la responsabilidad internacional del Estado Argentino ante el compromiso en la protección de los derechos humanos laborales asumido.
Círculo de Abogadas y Abogados Laboralistas