Por María Inés Peralta
Decana Facultad de Ciencias Sociales UNC
El reclamo de la comunidad universitaria es el mismo que el de muchísimos otros sectores de la sociedad: las organizaciones sociales y los comedores comunitarios que ellas sostienen; lxs jubiladxs; lxs trabajadorxs de las áreas de políticas dirigidas a niñez y juventud, a personas con discapacidad; lxs trabajadorxs de la salud pública y obras sociales; lxs trabajadorxs de la cultura… En fin: alimentación, educación, ciencia, salud, cultura, comunicación…. Todas dimensiones de la vida de nuestro pueblo que se resuelven con servicios públicos y que nos igualan, que nos hacen ciudadanxs con derechos. Sobre estos cimientos se fue construyendo la idea de país, patria, de nación, de soberanía y, con ello, el orgullo de “nuestra” Argentina.
Esta idea/ sensación/sentimiento/convicción del derecho a tener derechos es lo que pareciera que el actual gobierno nacional quiere hacer desaparecer en nuestra sociedad. Intentan, todos los días, destruir, desmembrar, deslegitimar lo público: esa dimensión que se refiere a lo de todxs, para todxs, por todxs.
Esta situación inédita en nuestra historia democrática argentina nos hace vivir una época muy dolorosa y compleja para quienes hemos hecho de la recuperación, defensa y profundización de la democracia y los derechos humanos la lupa desde la cual comprender y actuar en nuestra sociedad, en las instituciones y organizaciones que habitamos, en nuestra vida cotidiana, en nuestra práctica laboral, docente y profesional.
La Universidad Pública Argentina es una de esas instituciones que enorgullecen al pueblo argentino y que el actual gobierno se propuso destruir, con una estrategia que a 8 meses de haber iniciado el ciclo lectivo 2024, ya está muy clara: “miente, miente, que algo quedará”.
Así, intentan destruir la idea que nuestro pueblo tiene sobre la universidad que desea y a la que aspira que lleguen sus hijxs porque es un horizonte posible: justamente porque es pública. Según datos oficiales, se estima que en 2024 entre 42%y 48% del estudiantado de las universidades públicas está por debajo de la línea de pobreza: otra falsedad que intentan instalar: que a la Universidad Pública llegan los ricos. Esta afirmación ya fue dicha en el gobierno de Mauricio Macri, pero con más timidez que ahora.
Por todo esto, decidieron ponerla bajo sospecha: “sospechada de ser sospechosa”. Primero, dijeron que éramos centros de adoctrinamiento; luego, que tenemos baja tasa de egresadxs; luego, que mentimos sobre la cantidad de estudiantes que tenemos; luego, que malgastamos o robamos; luego, que no queremos rendir cuentas o que nos auditen…. Y así seguirán, todos los días bombardeando con sospechas para que lo público no forme parte de nuestra identidad como pueblo.
Por supuesto, esta batalla ideológica tiene su contracara económica: así como la dictadura hizo desaparecer una generación para que emergieran los grandes grupos económicos nacional aliados al capital financiero internacional, y así como en el menemismo se achicó el Estado cerrando los ferrocarriles ( “ramal que para, ramal que cierra”) y descentralizando la salud y la educación sin descentralizar presupuestos, hoy a nuestra Universidad Pública la quieren hacer morir por inanición (al igual que a los sectores populares a quienes le niegan la comida ya comprada y almacenada en los galpones del Ministerio de Capital Humano).
El proyecto de presupuesto 2025 que el Gobierno Nacional elevó al Congreso es un 40% inferior al del año 2023. Las Universidades Nacionales gastamos el 90 % del presupuesto en salarios al igual toda institución que presta servicios educativos: nos debemos a nuestrxs estudiantes; por y para ellxs enseñamos, investigamos, hacemos extensión; por y para ellxs formamos profesionales y científicxs comprometidxs con el bienestar de nuestro pueblo y con el desarrollo nacional y regional. Por y para nuestro pueblo y nuestra patria no renunciamos a la calidad educativa y a la producción científica de conocimientos, pero mientras continúe el desfinanciamiento, la voluntad y el compromiso que implica una enorme sobrecarga de trabajo de docentes y no docentes, no será suficiente. Y a nuestros gobernantes les decimos que sí hay plata: para quienes estudiamos, investigamos y trabajamos toda una vida con los problemas sociales de la pobreza y la desigualdad, sabemos que no se puede hablar de pobreza sin su contracara, la riqueza. Entonces, de lo que se trata es de que los gobiernos asuman y tomen decisiones de redistribución para construir una sociedad más justa.
Para todo lo demás, tenemos nuestra autonomía y cogobierno, desde la Reforma del 18 en adelante: elegimos nuestras autoridades universitarias, concursamos a nuestrxs docentes y no docentes; actualizamos nuestros planes de estudios y nuestras ofertas educativas para que estén a la altura de los cambios epistemológicos, científicos y tecnológicos; rediseñamos nuestro funcionamiento institucional desde la transparencia y el acceso a la información pública; y, como siempre se ha hecho y se seguirá haciendo, nos ponemos a disposición de toda auditoría externa, porque las internas forma parte de nuestra vida institucional.
Y porque tenemos todo esto, sabemos que, día a día, hay cuestiones que mejorar, problemas que resolver, desafíos que encarar. Lo público no es perfecto, como nada lo es. Pero sí tenemos un compromiso por mejorar siempre a la Universidad Pública porque nos orienta una utopía colectiva: “ser pública, ser de todxs”, nuestro lema cuando la UNC cumplió 400 años de existencia.

