El 29 de julio de 1966, el dictador Juan Carlos Onganía cumplía exactamente un mes de su asunción como presidente de facto, tras el golpe al gobierno democrático de Arturo Illia.
Esa fecha fue la elegida para dar un nuevo golpe, esta vez en las universidades públicas que habían alcanzado prestigio por su alto nivel académico. Onganía pensaba quedarse más de 20 años en el poder y consciente de que la educación significaba un peligro para su plan, decidió intervenir las universidades. Fue entonces que decenas de estudiantes, docentes y autoridades se organizaron para resistir atrincherándose en las aulas de las facultades.
Así comenzaría la tristemente célebre “noche de los bastones largos”, que se transformaría en otro acontecimiento nefasto de la historia argentina y fatídico para la educación pública, que aún hoy sufre las secuelas de aquella noche.
El régimen respondió con represión en diversas universidades, sobre todo en la de Ciencias Exactas y Naturales y en Filosofía y Letras de la Universidad de Buenos Aires (UBA). Se ordenó a la policía destruir laboratorios, bibliotecas y materiales de estudio valiosos. Además de los heridos por los violentos palazos, hubo 400 detenidos entre autoridades universitarias, docentes, alumnos y graduados. Muchos de ellos fueron golpeados con bastones mientras los hacían circular en una doble fila integrada por soldados. Varios recibieron fuertes impactos en la cabeza, provocándoles cortes importantes.
La secuela de aquel sombrío 29 de julio, fueron el despido, renuncia y persecución de cientos de los mejores docentes y autoridades de las universidades argentinas. Unos 700 profesionales se marcharon al exterior para continuar sus carreras en universidades y trabajos de renombre. Esto generó un estancamiento del proyecto de desarrollo de la educación, la ciencia y la investigación en la Argentina. Incluso es considerada la mayor «fuga de cerebros» en la historia del país.
La embestida en aquel entonces de la dictadura pretendió demoler el legado de la Reforma Universitaria de 1918, que garantizó autonomía, cogobierno y educación pública para las mayorías.
Nuestro compromiso es seguir defendiendo la universidad pública y una educación pública de calidad. El Estado debe garantizar mayores recursos y salarios acordes para los compañeros docentes, lo cual el gobierno de Milei rechazó con el veto a la ley de Financiamiento Universitario el año pasado.
