La media sanción del Senado quita protección a territorios glaciares y ambientes periglaciares y pone en manos de las mineras reservas hídricas vitales para 7 millones de argentinos. Reserva de agua que se destruye, se pierde para siempre.
¿Qué protege la actual Ley de Glaciares?
Las reservas de agua dulce y la función ambiental de los glaciares
La Ley de Protección de Glaciares 26.639, de 2010, pone límites a la explotación económica, fundamentalmente minera / hidrocarburífera, sobre territorio glaciar o periglaciar, este último territorio donde se acumulan reservas hídricas, que aportan al abastecimiento y son fundamentales para mantener niveles de agua y caudal de los ríos, especialmente en momentos de escasez y sequía, como el actual. Es decir, en ellos se almacenan las reservas de agua de dulce que luego, desde la cordillera, alimentan los sistemas hídricos a lo largo del país.
Son ecosistemas muy delicados, no renovables e imposibles de “reconstruir”, es decir, el riesgo es crítico, reserva de agua que se destruye, se pierde para siempre.
Además, investigaciones de las últimas décadas han profundizado en la importancia de los sistemas glaciares argentinos en el clima global, influyendo en el reflejo de la radiación solar, la captura de carbono y el aporte de nutrientes esenciales al Atlántico Sur, “que favorecen la proliferación de algas microscópicas que producen cerca del 50% del oxígeno del planeta y son el comienzo de redes alimentarias que sostienen la vida en el mar” (Alicia Córdoba “Guardianes del tiempo: cómo los glaciares hacen del Mar Argentino un pulmón global”, nota publicada por el medio “La Tinta”)
La norma vigente se basa en el artículo 41 de la Constitución Nacional, que establece los llamados “presupuestos mínimos ambientales”, en este caso sobre territorio glaciar o periglaciar. El establecimiento de esos presupuestos mínimos ambientales hoy es competencia nacional, a través del Instituto Argentino de Nivología, Glaciología y Ciencias Ambientales (IANIGLA-CONICET), que define y aporta un criterio homogéneo nacional para identificar y proteger zonas glaciares o periglaciares. La modificación de la ley busca descentralizar ese criterio y provincializarlo, basados en un falso federalismo, en tanto el agua nacida en la cordillera recorre gran parte del país hacia el este.
Al contrario del discurso repetido por la propaganda oficial, lejos está de ser una ley anti minera. El territorio glaciar o periglaciar protegido por la Ley, es un mínimo del territorio total de la cordillera, pero de vital importancia, en tanto en él se guarda una de las más importantes reservas estratégicas de agua en nuestro país.
El Inventario Nacional de Glaciares, elaborado por el Instituto (IANIGLA-CONICET) establece qué territorios comprenden zonas glaciares o peri glaciares en Argentina y por tanto, deben ser protegidos. El Inventario, instrumento técnico-científico que utiliza los métodos reconocidos internacionalmente en la materia, contabiliza 16.968 cuerpos de hielo, que alimentan 36 cuencas hídricas.
Qué modificaciones pretenden aprobarse y qué impacto tendrá
Según se denuncia, especialmente desde provincias como Mendoza, San Juan o Catamarca con mayor experiencia en cuanto al impacto de la explotación minera sobre las cuencas hídricas y el acceso al agua potable, se pretende en base a estudios pseudocientíficos elaborados por consultoras que trabajan para las mineras, quitar grandes zonas periglaciares del inventario, para que puedan ser explotadas. El argumento es que la definición de territorio periglaciar es “vaga” y que la ley actual no da poder de decisión a las provincias, por lo que se pretende quitar atribuciones al Instituto Ianigla-Conicet, y dejar a las provincias decidir “a discreción” qué territorio proteger y qué territorio puede ser explotado y no merece ser protegido. Justamente, las provincias donde el lobby minero ha creado un enorme poder sobre los gobiernos provinciales, desde la instalación en el país de las grandes mineras con la Ley de Minería de los años ‘90.
La periodista ambiental Agustina Grasso, definió este lobby minero como una “dictadura minera”, donde las grandes corporaciones van cooptando medios de comunicación, partidos y dirigencias para que instalen el discurso pro minero, disfrazado de progreso económico, y haciendo todo lo posible por ocultar el grave riesgo para nuestras reservas de agua dulce y la disponibilidad del agua tanto para el consumo, como para las economías regionales.
Un caso testigo es la alteración sobre el caudal del Río Atuel, provocada por explotaciones ilegales permitidas por el Gobierno provincial de Mendoza, que terminó afectando el suministro de agua en La Pampa, a la que el Río Atuel llega “aguas abajo”, luego de recorrer todo el ancho del país desde su nacimiento en la cordillera mendocina. La provincia pampeana logró un fallo favorable de la Corte que lleva cinco años sin cumplirse ¿Qué seguridad hídrica tendrán si ahora quedase en manos de Mendoza la decisión unilateral de proteger o no las nacientes los ríos?
El ejemplo prefigura el impacto vital que tendría la modificación de la Ley de Glaciares para grandes porciones de la población. ¿Qué derecho tiene una provincia de manejar las cuencas hídricas en las nacientes a su antojo y a pedir de los negocios mineros, dejando sin agua a la población de varias provincias y destruyendo reservas hídricas estratégicas? La destrucción de cuencas hídricas también tendrá su impacto en Córdoba, especialmente en el Norte de la provincia, donde el agua disponible proviene en una medida importante del deshielo de los sistemas hídricos de montaña fuera de la provincia.
Modificación a pedido de EEUU y las Corporaciones mineras
El objetivo de la modificación de la Ley de Glaciares es poder iniciar explotaciones, especialmente de cobre, que se encuentran sobre todo en territorio periglaciar, a pedido del gobierno de EEUU y las grandes corporaciones mineras, grupos económicos ligados en su mayoría a fondos como JP Morgan Chase, UBS Group AG, Blackrock Inc, Morgan Stanley, y Vanguard Group Inc.
Así, a las aristas económicas, ambientales y de debate sobre el sentido de “un federalismo ambiental”, se suma la disputa por nuestros recursos estratégicos y la puja geopolítica por el control de los minerales críticos.
El salvataje del gobierno de Trump en la antesala de las elecciones de octubre pasado, ya tiene sus efectos. Tal como se advertía, en el marco del intento de EEUU por recuperar control global, la administración Trump toma acciones entre inéditas y brutales para controlar los recursos estratégicos que le son vitales para sostener su posición. Los métodos para asegurarse los flujos de Petróleo parecen no tener límites: secuestraron al presidente venezolano, asesinaron al líder supremo de Irán… En el caso argentino, pasan la factura y exigen, y los libertarios, claro está, cumplen.
Hay un hecho que explica la urgencia del gobierno y del lobby minero en sacar la modificación de la Ley de Glaciares. El 4 de febrero pasado el gobierno argentino firmó con la administración Trump, a través del Canciller Pablo Quirno, el «Instrumento Marco para el Fortalecimiento del Suministro en Minería y Procesamiento de Minerales Críticos», que según se lee de manera explícita en el texto del propio Instrumento, tiene un objetivo claro: “acelerar, simplificar o desregular los plazos y procesos de otorgamiento de permisos, incluidos aquellos necesarios para la minería, separación y procesamiento de minerales críticos….necesarios para respaldar la fabricación de tecnologías de defensa y avanzadas, así como sus respectivas bases industriales, incluso mediante el aprovechamiento de instrumentos de política existentes, tales como la demanda industrial y la infraestructura de acopio de los Estados Unidos y el Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones de la Argentina”.
Es decir, quitar cualquier traba regulatoria que impida al complejo MILITAR -TECNOLÓGICO de EEUU acceso rápido a los minerales críticos, en un marco de avanzada bélica mundial.
El gobierno libertario vino a destruir y moldear un país de economía de enclave, primarizado, sin entramado productivo ni desarrollo estratégico soberano. Por esto las políticas de desregulación ambiental, de destrucción de nuestros recursos naturales y nuestra industria nacional, y de reforma laboral tienen absoluta relación, forman parte un proyecto de país donde explotar y extraer nuestros recursos sea fácil, barato y a pedir de EEUU.
Resistencia
El rechazo a la modificación de la Ley de Glaciares es cada vez más fuerte y más federal. Así, la presión social logró trabar el “tratamiento exprés” que pretendía el gobierno en la Cámara de Diputados y convocar Audiencias Públicas con amplia participación. Desde abierta la inscripción ya se anotaron más de 27 mil personas para las audiencias públicas tanto presenciales como virtuales, que se desarrollarán los próximos 25 y 26 de marzo, de las cuales puede participar cualquier ciudadano, a través del formulario de inscripción de la página de la Cámara de Diputados https://www.diputados.gov.ar/comisiones/permanentes/audpub/index.html
Avasallan nuestros derechos, nuestros recursos vitales y nuestra soberanía, pero somos muchos los sectores que no aceptamos el brutal atropello que opera este gobierno contra el pueblo argentino en su conjunto. Al final siempre la realidad se impone, esto es lo que nos ha enseñado nuestra propia historia de lucha y por eso no vamos a dejar nunca de luchar, en defensa de nuestra soberanía nacional y de nuestra dignidad como trabajadores.
