En respuesta a la convocatoria a organizaciones políticas, sociales, sindicales y a la comunidad en general a adherir a la acción de amparo impulsada por la Mesa de Trabajo por los Derechos Humanos de Córdoba, el compañero Secretario de Derechos Humanos Alfredo Seydell firmó la misma en representación de nuestra organización sindical, frente a los Tribunales Federales de Córdoba.
Ante la decisión del Gobierno Nacional de recortar el acceso a la medicación gratuita para los afiliados al PAMI, organismos nucleados en la Mesa Provincial de Trabajo por los Derechos Humanos de Córdoba elevaron una acción de amparo ante la Justicia Federal para que se declare la inconstitucionalidad de esta medida y se restablezca la cobertura a los afiliados.
Firman esta presentación judicial, la Asamblea Permanente por los Derechos Humanos (APDH), Familiares de Desaparecidos y Detenidos por Razones Políticas de Córdoba Asociación Civil, el Foro Solidario Córdoba y la Unión Obrera Gráfica Cordobesa.
Esta acción de amparo colectivo surge en defensa de un derecho básico fundamental como es el acceso a la salud, especialmente de los grupos más vulnerables de nuestra sociedad. Reconocemos y valoramos el aspecto social de la medida que dificulta el acceso a medicación a miles de personas mayores y que también impactan directamente en sus núcleos familiares.
A ello se añade un escenario de fuerte recesión económica y caída generalizada de ingresos, que deja aún más expuestos a nuestros jubilados y pensionados. Es por ello, y reconociendo los tratados internacionales a los que adhiere Argentina, que la Mesa Provincial de Trabajo por los Derechos Humanos reconoce la importancia de exigir a la Justicia el cuidado a los más vulnerables.
En coincidencia con la Organización de Estados Americanos (OEA), las personas mayores tienen derecho al reconocimiento y pleno goce de todos sus derechos y libertades, en igualdad de condiciones a todos los miembros de la sociedad. Por ello y más, entendemos que la vida de nuestros jubilados y jubiladas no puede estar sujeta a medidas que pongan en riesgo su calidad de vida.
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¡Frente a la crueldad, todos somos jubilados!
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REPUDIO FRENTE A UN NUEVO AVASALLAMIENTO DEL GOBIERNO NACIONAL:
la derogación por decreto de la Ley 26.160 (Ley de Emergencia Territorial)
MESA PROVINCIAL DE TRABAJO POR LOS DDHH DE CÓRDOBA
Desde la Comisión de Ambiente y Territorio de la Mesa de Trabajo por los Derechos Humanos de Córdoba, expresamos nuestro más enérgico repudio frente a un nuevo avasallamiento del gobierno nacional: la derogación por decreto de la Ley 26.160 (ley de emergencia territorial), dando por finalizada la emergencia en materia de posesión y propiedad de las tierras tradicionalmente ocupadas por las comunidades indígenas del país. De esta forma desconoce los derechos de los Pueblos originarios que habitan milenariamente el territorio que hoy llamamos Argentina.
Durante la actual gestión de gobierno nacional encabezado por Javier Milei y Villarruel en el marco de lo que podríamos llamar una «Demolición Controlada» iniciada hace un año, nada ha quedado fuera de su agenda regresiva y opresiva que exacerba las desigualdades estructurales y vulnera derechos adquiridos.
A modo de colofón para este año de retrocesos, el gobierno ha decretado la derogación de una ley, de carácter proteccionista que suspendía los desalojos de tierras indígenas y ordenaba la realización de relevamientos territoriales. Además de no tener en cuenta el carácter constitucional que reconoce la preexistencia a través del art. 75 inc. 17 de la CN, donde además del reconocimiento étnico cultural indígena, señala que debe garantizar el respeto a su identidad; reconocer la personería jurídica de sus comunidades, y la posesión y propiedad comunitarias de las tierras que tradicionalmente ocupan; y regular la entrega de otras aptas y suficientes para el desarrollo humano; ninguna de ellas será enajenable, transmisible ni susceptible de gravámenes o embargos. Asegurar su participación en la gestión referida a sus recursos naturales y a los demás intereses que los afecten
Si bien esta casta ya había presentado un proyecto de derogación de la ley 26160, en el año 2022, de la mano de Victoria Villarruel, no tuvo lugar debido al amplio rechazo a la intención. También recordamos que la última prórroga se dio en el 2021 mediante decreto ya que diputados encolumnados con los terratenientes oligarcas habían demorado opinión y voto.
Junto con el mandato constitucional sumamos que tampoco cumple con el convenio 169 de la OIT, a la cual Argentina adhiere bajo ley 24071, que establece los derechos de los pueblos indígenas y tribales, entre los que se encuentran: El derecho a decidir sobre las prioridades de su desarrollo, en especial en lo que respecta a sus tierras, creencias, instituciones y bienestar espiritual. El derecho a la posesión de las tierras que ocupan tradicionalmente. Y la más importante, la consulta y consentimiento libre, previo e informado de buena fe, sobre políticas que impacten sobre los territorios.
Rechazamos este nuevo atropello en todas sus dimensiones, la derogación de esta norma habilita de manera impune el uso de estos territorios para la explotación de recursos naturales acompañado por otra ley aprobada recientemente: Régimen de Incentivo a Grandes Inversiones (RIGI), favoreciendo actividades como: Megaminería, uso agroindustrial intensivo, extracción de tierras raras, Turismo entre otras prácticas que dañan el equilibrio, la espiritualidad y el derecho de las comunidades e identidades indígenas.
Exigimos la NO DEROGACIÓN DE LEY DE EMERGENCIA TERRITORIAL 26160 Y LA INMEDIATA SANCIÓN DE UNA LEY DE PROPIEDAD COMUNITARIA INDÍGENA ELABORADA EN CONSULTA Y ACUERDO CON LOS PUEBLOS ORIGINARIOS.
Las comunidades indígenas no son «zonas de sacrificio» para negociados que perpetúan la desigualdad y destruyen la biodiversidad de nuestro territorio.
Estas prácticas terricidas no sólo habilitan los desalojos, sino que trae aparejada otras políticas antidemocráticas como la criminalización, persecución, estigmatización e invisibilización recurriendo a discursos simplistas dando continuidad a las violencias coloniales sobre nuestras ancestralidades.
Una nación conformada con una narrativa violenta, de muerte y desaparición hacia las comunidades Indígenas no podrá explicar jamás como se obtuvieron títulos privados por sobre las Comunidades sin otra explicación que la matanza y desalojo violento de los Pueblos Indígenas.
Nuestras comunidades caminan sobre masacres, como la de Roca en 1880, la de El Zapallar en el año 1933, la de Rincón Bomba en el año 1947, la de Napalpí en el año 1924 (sin dejar de contar los más de 500 años de saqueo) y la pérdida de su estado de derecho. La derogación implica ausencia de toda lógica jurídica y política, pretendiendo que antes de cumplirse una ley se la intente derogar.
Este proyecto marca un retroceso de más de 100 años, donde mediante distintas luchas las comunidades obtuvieron mayor alcance en materia de derechos en sus tierras y territorios. Es por eso que llamamos la atención a diputados, senadores y otras autoridades a repudiar, a ser conscientes de la gran deuda que tiene el Estado Argentino con los Pueblos Indígenas, a no darle tratamiento, y llegado el caso, votar en negativo. El pueblo argentino no puede permitir la eliminación de una ley que produce una justa reparación histórica y ejecuta la Constitución Nacional. Por un camino hacia el BUEN VIVIR, nos oponemos a políticas de esta esta matriz civilizatoria, abrazando nuestros territorios ancestrales, a sus espiritualidades necesarias para la construcción de una identidad con sus raíces arraigadas en el respeto a la preexistencia.
NO MÁS SAQUEOS A NUESTRAS COMUNIDADES E IDENTIDADES INDÍGENAS. NO MÁS DESPLAZAMIENTO FORZADO, NO MÁS DESALOJOS, NO MÁS VIOLENCIA ESTATAL SOBRE NUESTROS TERRITORIOS
MEMORIA, VERDAD, JUSTICIA, IDENTIDAD Y TERRITORIO
