41 AÑOS DE UN TRIUNFO IMBORRABLE DEL PUEBLO

El 30 de octubre de 1983 el pueblo argentino votaba masivamente, recuperando la democracia tras 7 años de cruenta y apátrida dictadura.

La última elección democrática se remontaba a los comicios de 1973 donde el triunfo de Perón ponía fin a 18 años de proscripción, marcados también por dictaduras, autoritarismo y represión, en una muestra del difícil camino que, en el siglo XX, los argentinos transitamos por conquistar el respeto a la voluntad popular, los derechos conquistados, la libertad y los derechos humanos.

La recuperación democrática argentina está señalada como ejemplo en el mundo, en tanto logró una transición donde todas las fuerzas democráticas sociales, políticas, sindicales y de derechos humanos se comprometieron a arrancarle a la dictadura la convocatoria a elecciones, sin mediar ningún pacto de impunidad por los crímenes de lesa humanidad, cometidos por la dictadura.

La transición hacia la democracia, arranca con claridad tras la Guerra de Malvinas de 1982, que deja una profunda crisis en el gobierno militar, pero ya desde inicios de los ‘80 se inicia un firme movimiento antidictatorial, que se afianza en los años venideros con intensas movilizaciones, luchas y negociaciones que involucraron,  al sistema de partidos políticos, congregados en la Multipartidaria, formada en julio de 1981, y a dos movimientos fundamentales, el movimiento de derechos humanos y el movimiento sindical.

Recuperación de los sindicatos y plan de lucha

La situación económica que dejaban 7 años de política de económica liberal, tras el fracaso del plan de Martínez de Hoz con reforma financiera y fuerte endeudamiento externo (la deuda externa creció el 449% desde 1976), hacía crecer la conflictividad social. Con una inflación altísima, aumento de la pobreza, salarios devaluados, multiplicación de cierres de fábricas y comercios y un Banco Central que asumió la deuda de los grupos económicos privados, política ésta impulsada por un joven Domingo Cavallo, nacido del corazón de la Fundación Mediterránea, tan mentada por estos días en nuestra provincia.  La crisis económica empujaba la creciente protesta social en reclamo por la recuperación democrática, los desaparecidos y los niños apropiados.

Luego, el paro impulsado por la CGT del 27 de abril de 1979, puntapié inicial para un sostenido plan de lucha, se inició un trabajo desde los ‘80 en los gremios de todo el país, que combinó intensificar la acción de resistencia y movilización callejera, con una tarea quizá menos visible al inicio, pero fundamental: recuperar desde las bases, la vida institucional y democrática dentro de los propios sindicatos, que permanecían intervenidos desde el inicio de la dictadura, algunos incluso desde antes, como nuestro caso.

Además, se produjeron importantes movilizaciones y se intensificó la presencia argentina en los foros internacionales, denunciando la situación en el país. Es precisamente en la OIT donde Saúl Ubaldini, líder de la CGT Brasil, decía en julio de 1981: “La situación política, económica y social del país no puede ser más crítica. Han pasado más de cinco años desde el 24 de marzo de 1976 y nada ha cambiado en cuanto a las restricciones a la actividad gremial, pero todo ha empeorado en cuanto a las condiciones de vida de nuestro pueblo”, denunció.

La marea contra la dictadura crecía cada vez más, y así lo marcaron emblemáticas movilizaciones como la del 7 de noviembre de 1981 y la del 30 de marzo de 1982 a la Iglesia de San Cayetano, a las que se unieron partidos políticos y distintas organizaciones, a pesar de las amenazas y la represión. A la consigna “Paz, pan y Trabajo”, se unió otra fuerte y clara: “Se va a acabar, se va a acabar, la dictadura militar”.

Luego del impasse por la Guerra, se retomaron e incrementaron las huelgas y las movilizaciones, cada vez más multitudinarias, en un movimiento ya multisectorial, del pueblo todo, que exigía recuperar soberanía popular.  

La Marcha por la Democracia del 16 de diciembre de 1982 convocada por la Multipartidaria, cuenta con la participación de las dos CGT y las organizaciones de derechos humanos, exigiendo la convocatoria a elecciones, con la participación de más de cien mil personas, donde fue asesinado el obrero metalúrgico Dalmiro Flores, de la UOM.

¿Dónde están los desaparecidos? La lucha por una apertura democrática sin impunidad

A fines de 1982, la Junta militar intenta la primera de sus estrategias, fallidas, de entregar el gobierno con garantías de impunidad, concertando con los partidos políticos una salida electoral con condiciones, que consideraba innegociables, del proceso de institucionalización: los desaparecidos, la lucha contra la subversión y la presencia de las Fuerzas Armadas en el próximo gobierno. Los partidos políticos no aceptaron condicionamientos al nuevo proceso democrático.  Respecto de los desaparecidos, los horrores descubiertos en los desenterramientos de las primeras fosas comunes y  la dureza de la posición militar hasta el final (que continúa hasta el presente), plasmada en el “Documento Final de la Junta Militar sobre la guerra contra la subversión y el terrorismo” publicado en abril de 1983, que no incluía ninguna información respecto de dónde estaban los desaparecidos,  fue impulsando cada vez más un fuerte y generalizado reclamo porque los crímenes de la dictadura no quedaran impunes,  fueran esclarecidos y llevados a la Justicia.

En este sentido, Raúl Ricardo Alfonsín fue, del entramado de partidos políticos, quien llevó la voz más clara y firme: “No hay que mirar con un sentido de venganza, pero tampoco construir la democracia sobre la base de una claudicación moral...” (Diciembre de 1983).

Finalmente, deben convocar a elecciones frente a una presión cada vez mayor, sin acuerdos previos de impunidad o condicionamiento al gobierno democrático. Con la Ley de (auto)Amnistía, conocida como ley de Pacificación el gobierno militar pretendió dejar “legalizada” la impunidad antes de irse. El 30 de octubre en una histórica elección resulta ganador Raúl Alfonsín, en una verdadera fiesta por la libertad recuperada.

Algunas de sus primeras medidas apuntaron justamente a garantizar una base fundamental de Justicia, con la anulación de la de Ley de (auto) amnistía, los decretos juzgamiento de las primeras juntas militares, así como la creación de la Comisión Nacional sobre la Desaparición de Personas (CONADEP) para investigar sobre los desaparecidos.

Con estas palabras anunció el presidente Alfonsín las medidas de reparación: “El pasado gravita sombríamente sobre nuestro porvenir: las violaciones extremadamente aberrantes de los derechos que hacen a la esencia de la dignidad humana en que incurrieran el terrorismo y la represión de ese terrorismo no pueden quedar impunes. Esa impunidad significaría claudicar frente a principios éticos fundamentales, poniendo en peligro la prevención de futuras violaciones. La convicción de que es necesario hacer justicia…”. (14 de diciembre de 1983)

La primavera democrática puso en agenda innumerables reclamos, algunos logrados rápidamente, otros que llevaron más tiempo y lucha sostenida. Los gremios, por lo pronto, también celebramos elecciones y pusimos en marcha una fuertísima pelea por la plena recuperación de los Convenios Colectivos de Trabajo, también dados de baja por la Dictadura.

REPUDIAMOS EL INJUSTO ATAQUE DE MILEI AL EX PRESIDENTE ALFONSÍN

El pasado miércoles 30 de octubre, el día que Argentina cumplía 41 años de la recuperación de la democracia, el presidente Javier Milei visitó Córdoba por el 47 aniversario de la Fundación Mediterránea, que abiertamente acompañó a la dictadura, siendo verdadera usina de todos los proyectos liberales tan destructivos para nuestro país en nuestro país, incluido el de la Dictadura Militar.

En el acto entonces, celebrando no la Democracia, sino el cumpleaños de la Mediterránea, fustigó injustamente al ex Presidente Raúl Alfonsín, intentando ensuciar injustamente su figura.  El presidente Milei no sólo no le reconoció haber luchado por la recuperación democrática y la justicia por los crímenes de la dictadura, sino que lo acusó infundadamente de «golpista”, supuestamente cómplice de la caída de De La Rúa.

Nada más lejos de la realidad: El gobierno de la Alianza cayó por la histórica pueblada de diciembre de 2001, fruto del agotamiento del modelo de convertibilidad y la terrible crisis social provocada.