Culpable del cruel ajuste a los más vulnerables
El lunes 15, martes 16 y el lunes 22 de septiembre se desarrolló el «juicio ético al presidente Milei”, organizado por el Espacio Provincial Antifascista.
La actividad fue impulsada para condenar moral y socialmente, el despiadado ajuste que lleva adelante este Gobierno nacional, en particular sobre la población más vulnerable (a quien suele descalificar casi con odio), como las personas mayores y discapacitadas, lo que los organizadores llaman “genocidio por goteo”. El tribunal ético de opinión (TEO) estuvo constituido por los abogados Miguel Rodríguez Villafañe, Patricia Coppola y Rubén Stiberman.
Como fiscales participaron Irina Santesteban, Hugo Seleme y Carlos Raimundi y como testigos, Marta Vocos, jubilada; Eduardo González Olguín, profesor jubilado de la UNC; Carlos Presman, gerontólogo; Juan Carlos Mansilla, especialista en salud mental; Cecilia Lorenzo, periodista especializada en adultos mayores; Miguel Berrotarán, del Foro Solidario Córdoba; “Cacho” Mengarelli de la CTA Autónoma; Daniela Ponce de León del Colegio de Trabajadoras Sociales de Córdoba; Oscar Atienza, médico; el párroco Mariano Oberlin; José María Rinaldi, tributarista; Daniel Godoy, excamarista del fuero laboral; Mónica Heinzmann, miembro de la Red Bioética UNESCO y José Luis Serrano (Doña Jovita).
Fueron defensoras de Milei, las dras. Mariana de Pérez Gallego y Mariana Romano.
Fundamentos del “genocidio por goteo”
Frente al trato que el Gobierno argentino encabezado por Javier Milei está dando a las personas mayores, especialmente jubilados (y pensionados), resulta legítimo preguntarse si no estamos ante formas contemporáneas de violencia estatal sistemática. La teoría del “genocidio por goteo”, propuesta por Raúl Zaffaroni y sostenida con énfasis por diversos líderes mundiales, como el papa Francisco, se presenta como una herramienta conceptual útil para pensar críticamente estas políticas públicas que, si bien no implican una eliminación física directa e inmediata, sí conducen en forma progresiva al deterioro, enfermedad y muerte evitable de miles de personas. Zaffaroni desarrolló esta idea para referirse a modalidades de exterminio que no responden al modelo clásico de genocidio masivo, sino que operan lentamente, a través de mecanismos institucionales, decisiones políticas y omisiones del Estado. La lógica del “goteo” implica que, aunque no haya una matanza visible, los efectos destructivos son igualmente reales y profundamente dañinos. Aplicado al caso argentino actual, las medidas de ajuste, la licuación de los haberes jubilatorios, el desmantelamiento de programas de asistencia social y el abandono del sistema de salud pública afectan, desproporcionadamente, a las personas mayores que constituyen un grupo particularmente vulnerable. Estas decisiones no sólo deterioran su calidad de vida, sino que han derivado en casos concretos de fallecimientos evitables y perjuicios por enfermedades con graves consecuencias en la salud, que se pueden prevenir exitosamente.
Sentencia del TEO
Luego de expresados los argumentos del juicio ético que hemos sintetizado, compartimos el veredicto emitido por tribunal ético de opinión:
- Condenar éticamente al Gobierno Nacional presidido por Javier Gerardo Milei, a sus ministros, legisladores afines, funcionarios, sectores sociales que apoyan y fuerzas de seguridad, que han sido y son cómplices o ejecutores de las políticas económicas y represivas que han causado y causan daño directo y sistemático, en una destrucción planificada, a las personas mayores en la República Argentina.
- Calificar estas políticas (…) de genocidio por goteo, entendido como una forma moderna de violencia estatal estructural y planificación de la desigualdad, cuyos efectos letales y deshumanizantes han sido comprobados por testimonios, estadísticas, informes médicos, sociales y económicos.
- Se decide elevar notas, con copia de la sentencia al Poder Ejecutivo Nacional, al Congreso de la Nación, (cámaras de Diputados y de Senadores) y a la Corte Suprema de Justicia, como los ámbitos institucionales que deben tener presente lo aquí analizado y donde debe buscarse revertir, de forma urgente, las medidas que han puesto en riesgo la vida, la salud, la dignidad y los derechos de la población adulta mayor.
- Hacer presente, que no se puede tolerar como país que, habiendo superado la noche del “Terrorismo de Estado”, el Gobierno nacional, utilizando métodos inaceptables, algunos de ellos descriptos en este fallo, pretenda consolidar una política, al servicio de intereses propios de un colonialismo financiero especulativo y genere un “Estado perverso y cruel” con su población en general, que se ensaña con las más débiles en particular.
- Instar a los medios de comunicación, universidades, organizaciones sociales, iglesias y otros templos y ámbitos confesionales, colegios profesionales, sindicatos, partidos políticos y al pueblo argentino en general, a no callar, a denunciar, a acompañar y a construir una ética pública basada en la justicia, la memoria constructiva y la solidaridad intergeneracional.
- Disponer que esta sentencia ética sea difundida públicamente por todos los medios disponibles, y que forme parte del acervo documental y testimonial de las luchas por los derechos humanos en la Argentina, en esta etapa de nuestra historia común.
- Establecer que el original de esta sentencia se guarde y proteja en la Asociación Cultural Israelita de Córdoba, (ACIC), institución esta que representa a un pueblo como el judío, que sufrió el Holocausto (atroz genocidio en manos del nazismo), que en coherencia con lo vivido defiende la plena vigencia de los derechos humanos para con todos los pueblos del mundo y que, especialmente, en este momento, repudia el genocidio al que está sometido el pueblo palestino, por parte del gobierno del primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu.
- Así lo resolvemos, firmamos y hacemos público, en ejercicio de la conciencia ética y el deber ciudadano de no ser cómplices desde el silencio.
