Hace 4 años, el 20 de mayo de 2020, el gobierno de Juan Schiaretti arremetía contra los trabajadores con una nueva reforma previsional y consumaba otro vergonzoso golpe a los derechos previsionales que perjudicó a todo el universo de beneficiarios de la Caja de Jubilaciones de Córdoba.
Aprovechando inescrupulosamente la cuarentena por la pandemia del Covid que prohibió cualquier tipo de reunión y movilización, el oficialismo convocó a una sesión exprés en la Legislatura y con mayoría propia aprobó la nefasta ley 10.694, sin previo debate, bajo un manto de desinformación y a espaldas de los trabajadores aportantes a la Caja y de los jubilados, pensionados y retirados.
La bochornosa maniobra no extrañó, pero sí tomó por sorpresa dada la situación que se vivía.
Ni bien nuestro Gremio tomó conocimiento, nuestro Secretario Adjunto compañero Daniel Tapia, en ese momento Secretario de Previsión Social, se hizo presente en el Centro Cívico para rechazar la ley junto a otros dirigentes sindicales. Nadie pudo ingresar por el vallado montado por la policía que estaba lista para reprimir la protesta sindical en defensa de los derechos previsionales y hacer detenciones alegando la desobediencia al DNU presidencial que prohibía salir a la calle.
La ley sancionada se generó para reducir el déficit de la Caja con el ajuste al bolsillo de los actuales y futuros jubilados y pensionados, en medio de una espiral inflacionaria. Déficit originado por los gobiernos de turno y dibujado según la conveniencia política del momento, en estos 28 años de intervención que llevó a la pérdida del 82% móvil tal como lo conocíamos. Así, de repente, comenzaría un esquema de reducción de haberes a partir del cambio en la forma de cálculo, disminución del porcentaje que les correspondía a las pensiones, diferimiento de los aumentos, aplicación del mal llamado “aporte solidario” que significó un recorte de hasta el 20% del haber de quienes perciben más de un beneficio, entre otras terribles modificaciones.


Por supuesto, hablamos de una reforma inconstitucional a todas luces, violatoria de los principios de irreductibilidad y movilidad de las jubilaciones. Frente a semejante confiscación negada públicamente por el Gobierno, Luz y Fuerza de Córdoba junto al resto de gremios aportantes a la Caja y distintas centrales obreras y organizaciones, nos pronunciamos contra el ajuste que se dio en “un día oscuro para la democracia de Córdoba”, como lo calificamos mediante un comunicado de repudio de nuestro Sindicato (Eléctrum 1571). Inmediatamente se declaró el estado de conflicto, se realizó una larga caravana y banderazos, entre otras actividades, y fue presentada en conjunto una acción de inconstitucionalidad (Eléctrum 1574), impulsándose a la vez una iniciativa popular por la derogación o modificación de la ley 10.694, que vamos a lograr más temprano que tarde.
Compañeros, compañeras, seguimos en la lucha, los triunfos siempre llevan su tiempo, pero tengan la certeza que no bajaremos los brazos en la defensa de los derechos previsionales y de una Caja de Jubilaciones solidaria, de reparto y administrada por los trabajadores que somos sus legítimos dueños.
RECHAZAMOS EL ARBITRARIO INCREMENTO DE HASTA UN 4% EN LOS APORTES JUBILATORIOS




