UNA MULTITUD POR LA UNIVERSIDAD PÚBLICA EN TODO EL PAÍS
Docentes, investigadores, trabajadores universitarios y estudiantes de todo el país, junto a gremios y organizaciones políticas y sociales marcharon masivamente el pasado martes 12, reclamando que el gobierno nacional de cumplimiento a la Ley 27 795 de Financiamiento de la Educación Universitaria y Recomposición del Salario Docente y No Docente.
Más de 120 mil personas colmaron las calles de la ciudad entre el Monumento a la Reforma en Ciudad Universitaria y la Plaza Vélez Sarsfield, en lo que fue la cuarta marcha federal en defensa de la educación pública y la ciencia nacional.
Una Ley ratificada en el Congreso y en la Justicia
La Ley de Financiamiento Universitario, nació de la lucha de las universidades nacionales contra el ajuste inédito del gobierno libertario, se fue construyendo desde 2024 con amplísimo consenso y apoyo social, apoyo que se expresó en tres masivas marchas universitarias, convirtiendo el reclamo contra el desfinanciamiento universitario en una bandera federal y transversal a distintos sectores sociales, de un amplio arco.
Según denuncian las Universidades las transferencias presupuestarias registraron una caída real acumulada del 45,6% entre 2023 y 2026. A esto se suma el atraso salarial que ha expulsado a miles de docentes de la Universidad, el ahogo financiero al CONICET y la crítica situación de los Hospitales Universitarios, vitales para el funcionamiento de todo el sistema nacional de salud y para la investigación y prestación médica de alta complejidad, que están exigiendo que se ejecuten las partidas presupuestarias previstas en la propia ley de presupuesto.
Recordemos que en agosto de 2025 la ley de financiamiento fue aprobada por el Congreso de la Nación y luego de los vetos presidenciales, ratificada por los dos tercios de ambas Cámaras. Aun cuando el gobierno libertario quedó obligado a promulgarla, se niega desde entonces a cumplirla y a otorgar efectivamente el financiamiento necesario para funcionar, subidos a la misma excusa por la cual incumplen prácticamente todas sus obligaciones como estado: el déficit fiscal cero. El reclamo llegó a la Corte Suprema de Justicia, luego de que dos tribunales de primera y segunda instancia le dieran la razón al Consejo Nacional Interuniversitario (que nuclea a los Recortados de todas las Universidades Nacionales) y los gremios universitarios.
Es así como la cuarta edición de la marcha federal se centró en exigirle al Gobierno de Milei que cumpla con la Ley y a la Corte Suprema que garantice el cumplimiento de la ley y la división de poderes.
La convocatoria en Córdoba, siempre masiva, culminó con un acto sobre Hipólito Yrigoyen, donde referentes de la comunidad universitaria de Córdoba dieron lectura al documento difundido a nivel Federal. Se expresaron Inés Pastorino, (Secretaria General del gremio de Trabajadores No Docentes), Leticia Medina (Secretaria General de ADIUC), David Rincón (Asociación de Docentes de la Universidad Tecnológica Nacional), Esteban Cavo (representante no docente de la Universidad Provincial de Córdoba) y Constance Keegan (Federación Universitaria de Córdoba)
Nuestro sistema de educación universitaria pública gratuita y de calidad, así como nuestro sistema científico, representan uno de los emblemas que nos distingue en el mundo. Muy pocos países sostienen un sistema de ciencia y universidades nacionales de acceso irrestricto y gratuito como el nuestro. Por eso está en el ADN nacional y ha movilizado al pueblo argentino en su defensa en muchas oportunidades a lo largo de la historia.
Documento de la Cuarta marcha federal universitaria
203 días sin aplicar la ley. Por la universidad pública y en defensa de la democracia
Las universidades públicas y sus comunidades, junto con el sistema público de investigación, desarrollo e innovación, somos el fruto de una larga lucha de nuestro país, de nuestro pueblo, por contar con un sistema estatal de educación y de producción de conocimientos que garantizara el núcleo del porvenir: educación superior de la máxima calidad para todos, profesionales altamente calificados, conocimientos para el desarrollo social y económico, una juventud protagonista de su tiempo.
La universidad pública se constituyó como una caja de resonancia de las grandes demandas del país, de sus dolores y de sus esperanzas. Hoy, como siempre, la comunidad universitaria asume la tarea de luchar por su universidad y en esa lucha hacer reverberar todas las demás: la discapacidad, las jubilaciones, la salud, las diversidades, el alimento, los recursos naturales, la industria nacional.
El financiamiento del sistema universitario nacional es actualmente crítico y la principal causa es que el Gobierno nacional incumple la regla democrática y constitucional básica: cumplir la Ley de Financiamiento Universitario que establece un piso de recursos que asegura el normal desenvolvimiento del sistema.
La situación presupuestaria, como lo venimos planteando públicamente, es crítica. El recorte ocurre en todas las dimensiones de los asuntos universitarios y afecta a todas las funciones sustantivas gravemente. Las transferencias a universidades nacionales registraron una caída real acumulada del 45,6 % entre 2023 y 2026, lo que implica una reducción inédita de los recursos disponibles para el sostenimiento del sistema.
La política salarial impuesta por el Gobierno nacional cerró las paritarias y produjo un deterioro alarmante del poder adquisitivo y el empeoramiento generalizado de las condiciones de trabajo, preocupante nivel de renuncias de cuadros formados, reducción de las dedicaciones, pluriempleo y crisis en las obras sociales: las y los trabajadores de las universidades públicas cobran salarios que no nos permiten llegar a fin de mes y cubrir las necesidades básicas.
Entre diciembre de 2023 y marzo de 2026 la inflación ha sido 293,30 %, mientras que los salarios acumulan un incremento del 147,30 %. Esto implica una pérdida de poder adquisitivo del orden del 37,13 %. Para tener un orden de magnitud de dicha pérdida en el tiempo, el deterioro sistemático del poder adquisitivo del salario equivale a la pérdida de aproximadamente 10,9 salarios en el período considerado. Esta situación ubica, en la actualidad, a los salarios universitarios en su nivel más bajo de los últimos 23 años y en uno de los niveles más bajos desde el retorno de la democracia, contando con los peores salarios del Estado nacional y los más bajos de América Latina. La progresiva pérdida salarial causa, además, la destrucción de nuestras obras sociales, del sistema de salud y de los haberes jubilatorios.
El sistema de apoyo al acceso, al ingreso, al sostenimiento y a la graduación de las y los estudiantes ha sufrido un profundo deterioro que vacía de contenido una política pública fundamental para garantizar el derecho a la educación superior. Las principales becas nacionales como las Becas Progresar permanecen congeladas frente a una inflación creciente, perdiendo gran parte de su poder adquisitivo y dejando de cumplir su función de acompañamiento económico para miles de jóvenes trabajadores y sectores populares. Del mismo modo, las Becas Estratégicas Manuel Belgrano atraviesan una situación de incertidumbre y desfinanciamiento que afecta especialmente a estudiantes de áreas estratégicas para el desarrollo nacional. La reducción y el deterioro de estas políticas expulsan estudiantes del sistema universitario, profundizan las desigualdades sociales y ponen en riesgo la posibilidad de que miles de jóvenes puedan continuar sus estudios. Las becas vinculadas a las vocaciones científicas (Becas EVC) también se encuentran suspendidas, siendo el principal instrumento de sostenimiento de esas vocaciones a nivel nacional.
El poder adquisitivo de las partidas correspondientes a los Gastos de Funcionamiento de las Universidades no ha superado, en ninguno de los meses de la actual gestión de Gobierno, el 64 % del que tenía en enero de 2023. Actualmente, esa tendencia se intensificó y se ha perdido, durante la gestión del actual Gobierno, el equivalente a casi 9 meses de transferencias.
Sin embargo, la crisis no es solo presupuestaria. Como ciudadanas y ciudadanos debemos denunciar con dolor y firmeza la ruptura del acuerdo democrático de la división de poderes en nuestra nación. El Poder Ejecutivo, en un acto de desprecio institucional sin precedentes, ha decidido alzarse contra los otros dos poderes de la república: ignora la Ley de Financiamiento Universitario N° 27.795, sancionada y ratificada por amplias mayorías en el Congreso, y desoye los fallos de la Justicia que ordenan su cumplimiento inmediato. Cuando el Gobierno decide qué leyes cumple y qué sentencias acata, lo que se rompe no es solo lo relativo al presupuesto universitario, es el contrato social que nos mantiene libres y en un estado de derecho.
La universidad argentina, pública, gratuita y federal, tal como la construimos, la promovemos, la protegemos y la defendemos. Es un valioso logro de muchas generaciones y una extrema responsabilidad a preservar; siempre hicimos notar que, si se atenta contra el sistema de educación pública, se lesionan las condiciones de igualdad y el horizonte posible de reducción de asimetrías y atención de los problemas colectivos desde lo público. La educación es y debe ser el medio para reducir las desigualdades y la exclusión en la sociedad argentina.
La universidad pública y el sistema público de investigación, desarrollo e innovación son factores fundamentales de la economía del país, recursos estratégicos para una industria nacional con capacidad para competir en el mundo, agregar valor a la materia prima, generar puestos de trabajo con derechos, y ambientalmente sustentables. Además, necesita movilizar toda la creatividad que el mundo de las artes y del conocimiento de lo humano aporta para que un país se piense. Todo proyecto de país necesita una universidad de excelencia que contribuya desde la soberanía científica, tecnológica y de las artes a su desarrollo.
La universidad pública argentina somos todas y todos. Hijos e hijas de una nación que supo construir aquí lo que no se pudo en ninguna otra parte del mundo. Un instrumento de justicia social que produce movilidad social ascendente, el lugar que aloja la esperanza y hace posible los sueños de miles de jóvenes. Es la educación pública que iguala y nos hace libres. Es el conocimiento y la ciencia que permite alumbrar el desarrollo.
Le pedimos a la Corte Suprema de Justicia que nos acompañe y escuche el clamor de las plazas de toda la república y no permita que el Gobierno nacional siga incumpliendo la Ley de Financiamiento Universitario. La trama que nos impulsa se funda en el derecho a la educación, el carácter alimentario de los salarios y de las becas y la obligación del Estado nacional de financiar la universidad pública.
No permitamos que los pilares de nuestras universidades, trabajadores docentes, nodocentes, investigadores y estudiantes, sean expulsados del sistema. Si hoy no defendemos a nuestras universidades, el futuro de prosperidad para el país será solo un sueño. Es aquí y ahora. ¡La universidad pública se defiende! ¡Por más y mejor educación pública y ciencia!
Frente Sindical de Universidades Nacionales
Federación Universitaria Argentina (FUA)
Consejo Interuniversitario Nacional (CIN)
