Derechos Humanos. Como resultado de la articulación entre la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad Nacional de Córdoba y la Secretaría de Derechos Humanos del Sindicato de Luz y Fuerza de Córdoba, presentamos este aporte para el debate sobre las políticas de salud mental en nuestro país. Esta iniciativa forma parte de un trabajo conjunto que busca promover la reflexión crítica, la producción de conocimiento y el intercambio de experiencias en torno a problemáticas que atraviesan a nuestra sociedad y, particularmente, al mundo del trabajo.

Desde una perspectiva de derechos humanos, la nota invita a analizar las consecuencias del desfinanciamiento de las políticas públicas de salud mental y los riesgos que implican las propuestas de reforma que buscan retroceder sobre conquistas históricas alcanzadas en materia de atención, inclusión social y cuidado comunitario. En un contexto de creciente vulnerabilidad social, resulta imprescindible fortalecer el debate público y defender un modelo de atención basado en la dignidad de las personas, el acceso a derechos y la construcción de redes de acompañamiento territorial.

La articulación entre la universidad pública y las organizaciones sindicales constituye una herramienta fundamental para generar pensamiento crítico, impulsar la participación democrática y contribuir a la defensa de políticas públicas orientadas al bienestar colectivo, la justicia social y la ampliación de derechos.

REFORMA, VACIAMIENTO Y RESTAURACIÓN CONSERVADORA EN SALUD MENTAL.

Dibujos: arte.bestiario

Escribe: Jaschele Burijovich. Observatorio de Salud Mental y Derechos Humanos.

El debate en la Comisión de Salud en el Senado en torno a los proyectos de reforma de la Ley Nacional de Salud Mental se presenta en muchos casos como una disputa entre eficacia clínica y garantismo jurídico. Desde el Observatorio proponemos descentrar esa mirada: lo que está en juego no es un ajuste técnico sino una ofensiva sobre el modelo de cuidado que la ley instauró, y una profundización del vaciamiento del Estado en sus funciones de acompañamiento y atención del sufrimiento psíquico.

La ley como campo de disputa

Las leyes son la cristalización temporaria de correlaciones de fuerza dentro de un campo político. La Ley 26.657, sancionada en 2010, significó un hito al subvertir el paradigma de la peligrosidad por el de sujetos de derecho: ordenó la desinstitucionalización, mandó sustituir el modelo asilar por una red comunitaria e interdisciplinaria, y estableció garantías procesales para la internación involuntaria que hasta entonces no existían.

Las propuestas actuales de reforma son la emergencia de una lógica que utiliza las brechas de la implementación, reales, documentadas, producto del desfinanciamiento, como argumento para desmantelar el paradigma que la ley instaló, en lugar de financiarlo.

El diagnóstico que la reforma evita

La implementación de la Ley 26.657 es un proceso activo pero frágil, desigual e incompleto. Eso no es lo mismo que decir que fracasó, y la distinción importa. En quince años hubo avances concretos: la mayoría de las provincias sancionó normativa específica, se crearon órganos de revisión locales, se redujo la población internada en varios hospitales monovalentes, se abrieron servicios de salud mental en hospitales generales y se desarrollaron experiencias comunitarias de referencia, Río Negro como modelo histórico, Buenos Aires con reducción documentada del 11% de internaciones entre 2018 y 2023, Santa Fe con experiencias de apoyo

matricial en atención primaria. Pero esos avances se construyeron contra la corriente de un desfinanciamiento crónico que nunca se resolvió. El presupuesto destinado a salud mental nunca superó el 2,66% del gasto total en salud, cuando la propia ley establecía un piso del 10%. En Córdoba, por ejemplo, en diez años nunca se superó el 6% y la tendencia fue descendente. Los dispositivos comunitarios que la ley mandaba crear, casas de medio camino, centros de día, viviendas asistidas, son escasos en casi todo el país. El plazo para el cierre de los manicomios, fijado para 2020, no se cumplió. Las provincias con menores recursos institucionales y mayor resistencia sectorial acumulan deudas que se miden en personas cronificadas dentro de instituciones que la ley ordenó sustituir. El diagnóstico correcto, entonces, no es «la ley no funciona» sino «la ley no se financió ni se implementó de manera homogénea». Son problemas distintos con soluciones distintas. El primero habilita el argumento de la reforma. El segundo exige más recursos, más coordinación federal y más voluntad política para hacer lo que la ley ya manda.

El proyecto oficial elige el primero. No menciona el financiamiento. No propone cómo construir la red comunitaria que la ley exige. No responde por el desmantelamiento del Programa Remediar ni por la caída del 48,8% promedio en las transferencias nacionales a sistemas provinciales de salud en el primer semestre de 2025. El Presupuesto 2026 contempla un recorte del 91,53% en la actividad específica de implementación de la ley, dejando apenas $48 millones para financiar dispositivos intermedios y desinstitucionalización. Lo que sí hace es ampliar los criterios de internación involuntaria, dar más poder al psiquiatra para indicarla en urgencias, y habilitar expresamente las internaciones en hospitales psiquiátricos monovalentes cuya sustitución la ley ordenaba.

La reforma invierte la causalidad: presenta como falla del modelo comunitario lo que es, en realidad, el resultado de su asfixia presupuestaria. Y lo hace en el mismo momento en que profundiza esa asfixia.

La “mano derecha” sobre la “mano izquierda”

Pierre Bourdieu describió una tensión constitutiva del Estado moderno entre lo que llamó su “mano izquierda” (los servicios sociales, la educación, la salud pública, los dispositivos de cuidado, los trabajadores que sostienen el territorio) y su “mano derecha” (la tecnocracia financiera, las funciones de control y disciplinamiento). La tesis central es que el avance del neoliberalismo no produce un Estado que desaparece sino un Estado que se reconfigura: la mano derecha asfixia a la mano izquierda, la desfinancia, la vacía de sentido, y luego usa la crisis que ese vaciamiento produce como argumento para expandir sus propias funciones.

Esa lógica es exactamente la que opera en esta reforma.

El sistema de salud mental en Argentina tiene un problema real: no alcanza a quienes lo necesitan. Pero ese problema no es consecuencia de que sea difícil internar: es consecuencia de que los dispositivos territoriales son insuficientes y desiguales, de que el presupuesto llegó muy por debajo de lo que la ley exigía, de que la mano izquierda del Estado en salud mental fue sistemáticamente desfinanciada. La reforma no repara esa mano izquierda. La ignora. En su lugar fortalece la mano derecha: más capacidad coercitiva, más centralidad médicopsiquiátrica, más facilidad para el encierro.

Pilar Calveiro señala que el poder contemporáneo opera de forma preferencial mediante tecnologías del abandono, gestionando lo que llama una «muerte diferida». Cuando el Estado desfinancia la estructura de soporte habitacional, social y subjetiva de los usuarios de salud mental, no solo deja de cuidar: produce activamente las condiciones de insostenibilidad de la vida para los sectores más vulnerables. Los agentes de salud en los dispositivos territoriales se ven empujados a una selectividad trágica, decidiendo a quiénes sostener y a quiénes dejar caer. La vulnerabilidad psíquica despojada de su red de protección se transforma, de manera difusa pero sistemática, en situación de calle, exclusión del lazo y desamparo. Al habilitar nuevamente la creación de instituciones monovalentes públicas y privadas, la reforma también abre la puerta a la tercerización del encierro: el padecimiento mental y los consumos problemáticos como mercado del confinamiento, donde el Estado delega su responsabilidad de cuidado, pero financia el aislamiento privado.

Sobre quiénes cae la reforma

La psicoanalista Silvia Bleichmar, escribiendo en los años de la crisis de 2001, desarrolló el concepto de devastación para nombrar lo que el neoliberalismo produjo sobre quienes habían construido su vida en torno al trabajo, la movilidad social y el horizonte de progreso: no solo empobrecimiento material sino destrucción de las condiciones simbólicas que hacen posible proyectarse en el tiempo. Esa evastación, la pérdida de algo que se tuvo, es el suelo subjetivo sobre el que se sanciona la Ley 26.657. Dos décadas después, los sociólogos Ignacio Gago y Leandro Barttolotta describen una situación diferente en los territorios de la precariedad contemporánea: no la pérdida de algo que existió, sino la implosión de quienes nunca tuvieron acceso a ese proyecto. Los jóvenes de los barrios populares de hoy no perdieron el empleo estable ni la promesa del ascenso social: directamente nacieron en un mundo donde esas promesas no llegaron. El sufrimiento que habitan no tiene la estructura del duelo sino la de la precariedad como fondo permanente, como condición de existencia.

Sobre esos sujetos (devastados unos, implosionados otros) cae la reforma. Y lo que la reforma les ofrece no es cuidado comunitario, acompañamiento territorial ni dispositivos accesibles. Les ofrece una internación más fácil de indicar. Para quienes ya tienen incorporada la experiencia de que el Estado con poder de coerción produce daño, ampliar ese poder no facilita el acceso al cuidado: profundiza la distancia, la desconfianza, la evitación de los dispositivos de salud mental por parte de quienes más los necesitan. Los profesionales que trabajan en esos dispositivos no quedan afuera de esta lógica. Bourdieu lo llamó sufrimiento de posición: la fractura de verse obligados a encarnar la misión ética del Estado protector careciendo de los recursos materiales mínimos para operarla. La reforma no les da más herramientas. Les transfiere más responsabilidad sobre un sistema que sigue sin financiamiento.

La demanda real de las familias y la respuesta equivocada

Las familias que apoyan esta reforma tienen razones legítimas y concretas. Vieron deteriorarse a un familiar durante años. Esa experiencia es real y el malestar que produce es justo. Pero la reforma puede darles las herramientas equivocadas. Más facilidad para internar no es más capacidad de acompañar. Una internación sin seguimiento posterior, sin red comunitaria que sostenga el egreso, sin dispositivos intermedios, no resuelve el problema de las familias: las devuelve al mismo punto con el alta. El proyecto incorpora incluso la obligación legal para las familias de hacerse cargo de los pacientes externados como si la solución al fracaso del Estado fuera transferirles la responsabilidad a ellas.

Lo que las familias necesitan, y lo que la reforma no da, son dispositivos territoriales con recursos reales, equipos interdisciplinarios presentes en los barrios, servicios de crisis que no sean solo la guardia de un hospital general desbordado. Eso requiere financiamiento. Eso requiere de la mano izquierda. Y esa mano, en este proyecto, ha sido reemplazada por la derecha.

Restauración conservadora

Llamar a esto una corrección técnica o una actualización normativa es aceptar el marco que propone el gobierno. Lo que el proyecto hace es restaurar el paradigma que la Ley 26.657 vino a reemplazar: el modelo centrado en el hospital psiquiátrico, la centralidad del diagnóstico biomédico, la internación como respuesta privilegiada a la urgencia, el psiquiatra como figura dominante sobre el equipo interdisciplinario.

Ese modelo tiene historia documentada: produce cronificación, no recuperación. Recae desproporcionadamente sobre personas pobres, con consumos problemáticos, sin recursos legales para impugnar una internación. La eliminación del piso normativo de financiamiento del 10%, la habilitación de nuevos centros monovalentes, la exclusión de los usuarios del Órgano de Revisión, la subordinación de los equipos interdisciplinarios a la incumbencia médica: cada uno de esos cambios, tomado por separado, podría discutirse. Tomados en conjunto, dibujan una dirección inequívoca. Es una restauración política del modelo que el movimiento de desmanicomialización pasó décadas cuestionando, presentada como modernización en el momento en que el Estado termina de desfinanciar las alternativas que ese movimiento construyó.

Las preguntas que siguen abiertas

¿Cómo se acompaña el sufrimiento sin reproducir lógicas tutelares? ¿Cómo proteger derechos sin abandonar cuidados? ¿Cómo sostener la autonomía sin convertirla en desamparo? ¿Cómo construir comunidad en sociedades profundamente desiguales?

Lo que se debería debatir en el Senado es cómo atender la urgencia real de las familias sin reeditar un modelo de encierro con historia documentada de abuso. Esa pregunta requiere financiamiento, construcción de red comunitaria, y la voluntad política de fortalecer la mano izquierda del Estado en lugar de asfixiarla.

La reforma propuesta no hace eso. Hace lo contrario: administra el sufrimiento que el vaciamiento produce con más coerción sobre los cuerpos que ese sufrimiento habita. Nombrar eso con precisión es una tarea de los derechos humanos.

Fuente: https://observatoriosmyddhh.org/la-mano-derecha-y-la-mano-izquierda-del-estado-reforma-vaciamiento-y-restauracion-conservadora-en-salud-mental/