Secretaría de Derechos Humanos. El Juicio por la Verdad declaró que las ejecuciones ordenadas por el régimen de Aramburu y Rojas constituyeron delitos de lesa humanidad, reparando una deuda histórica con las víctimas y con la memoria del pueblo argentino.
La sentencia del Juzgado Federal N.º 2 de San Martín marca un hecho trascendental: por primera vez la Justicia calificó como crímenes de lesa humanidad los fusilamientos perpetrados tras el levantamiento encabezado por el General Juan José Valle en junio de 1956. Setenta años después, el fallo restituye la verdad histórica sobre uno de los episodios más brutales de la autodenominada Revolución Libertadora y reivindica la memoria de quienes fueron perseguidos, encarcelados y asesinados por defender un proyecto de soberanía nacional y justicia social.
Además, refirma una línea histórica: la dictadura de 1955 inauguró el terrorismo de estado en la argentina.
En una histórica sentencia, el pasado 22 de junio el Juzgado Federal 2 de San martín, a cargo de la Jueza Alicia Vence, dictó sentencia en el “Juicio por la verdad” encontrando penalmente responsables a los acusados por delito de lesa humanidad.
Si bien todos los acusados, a 70 años del hecho, ya fallecieron, el fallo, estableciendo el hecho como un crimen de lesa humanidad, es un hito de justicia y hace honor a la memoria de los fusilados y perseguidos por la dictadura del 55. Aún más, pone en el lugar de genocidas y terroristas a los responsables de los crímenes perpetrados por la dictadura del 55, que hasta no hace mucho gozaba de considerable impunidad.
La Sentencia estableció la condena a prisión perpetua (si estuvieran vivos) de Pedro Eugenio Aramburu, Isaac Francisco Rojas, Juan Constantino Quaranta, Desiderio Fernández Suárez, Rodolfo Rodríguez Moreno y el personal a su cargo, por los asesinatos en la noche del 9 de junio de 1956 de Mario Brión, Vicente Rodríguez, Nicolás Carranza, Francisco Garibotti y Carlos Lizaso.
El levantamiento de Juan José Valle
El 9 de junio de 1956 fue la fecha elegida por un grupo de oficiales del ejército, para intentar una reinstauración del Gobierno constitucional de Perón, exiliado por esos días en Panamá.
Desde los bombardeos de junio de 1955, pasado por el golpe que derrocó a Perón el 16 de septiembre, la violencia y el odio antiperonista recrudecían: la dictadura de Rojas y Aramburu prohibió toda manifestación peronista, que incluía incluso nombrar a Perón o a Evita, suspendió libertades civiles, intervino la CGT y numerosos sindicatos, cerró la Fundación Eva Perón, además de la persecución violenta y encarcelamiento. A esto se sumaba el clima profundamente hostil para los oficiales peronistas dentro del ejército y las Fuerzas Armadas, que fueron marcados y muchos pasados a retiro.
El levantamiento llevaba meses de preparación, al mando de los Generales Juan José Valle y Raúl Tanco. Integraban el levantamiento, oficiales de distintos sectores de las fuerzas y también dirigentes políticos y sindicales del peronismo.
La Dictadura, como parte de su plan de proscripción y represión, había creado el Servicio de Inteligencia de la Policía Bonaerense, que infiltraba fábricas, sindicatos y centrales obreras, pasando inteligencia sobre el mundo gremial bonaerense. El trabajo de inteligencia de la Bonaerense sobre el ala civil, y de inteligencia militar neutralizaron el levantamiento de Valle, pero la Dictadura lo deja ocurrir, usándolo luego para justificar y recrudecer la persecución.
Así los principales hitos que se proponían Valle, Tanco y los sublevados, no pudieron concretarse, la dictadura se preparó bien y con datos de inteligencia, tanto en los días previos como esa noche del 9 de junio, salió a la caza de muchos de los involucrados y de cientos de dirigentes sindicales, con el objetivo de restar apoyo social al levantamiento. Persiguió, detuvo y finalmente dio la orden de fusilar, sin acusación, sin juicio, sin sentencia.
Aun así, hay enfrentamientos en Campo de Mayo, la Escuela de Mecánica del Ejército, los Regimientos 7 de La Plata y 2 de Palermo. También en Viedma, Rosario, Rafaela y Santa Rosa se producen enfrentamientos.
La única proclama que llega a hacerse pública es la de La Pampa La proclama central, que debía transmitirse desde el centro de operaciones elegido por Juan José Valle, la Escuela Industrial de Avellaneda, no llega a leerse nunca.
En la provincia pampeana, el levantamiento cuenta con el apoyo de la Policía de Santa Rosa, que habilitan la radio del estado para anunciar la proclama: “El país vive una monstruosidad totalitaria” que nos retrotrae “al más crudo coloniaje, mediante la entrega al capitalismo internacional de los resortes fundamentales de su economía”.
Sin dudas, las masacres desde junio de 1955, los bombardeos, el golpe, la cárcel y los fusilamientos, tenía el objetivo de destruir un modelo nacional de soberanía y justicia social.
Entre el 9 por la noche y el 12 de junio cuando se entrega Juan José Valle más de 30 personas, entre militares y civiles, fueron ejecutados por orden de la dictadura de Rojas y Aramburu.
El 12 de Junio, el General Valle se entrega con la condición de que cesen de inmediato las ejecuciones. Sabiendo que iba a ser fusilado, escribe dos famosas cartas, una a su familia, de despedida y otra dirigida a Aramburu, con quien había compartido el Colegio Militar, donde proclama los fundamentos de su adhesión al modelo nacional peronista y fustiga a los dictadores: “Ningún derecho, ni natural ni divino, justificará jamás tantas ejecuciones. Con fusilarme a mí, bastaba. Pero han querido escarmentar al pueblo. De aquí esta inconcebible y monstruosa ola de asesinatos…Entre mi suerte y la de ustedes me quedo con la mía. Mi esposa y mi hija, a través de sus lágrimas, verán en mí un idealista sacrificado por la causa del pueblo”.
La Clave para determinar la ejecución ilegal
Los fusilados de la masacre de José León Suárez, todos civiles, habían sido detenidos en un domicilio de Vicente López, trasladados en la Unidad Penitenciaria de San Martín y luego llevados a un basural para ser ejecutados, por orden directa de Desiderio Fernández Suárez, Jefe de la Policía.
Este hecho cobarde, que se acaba de juzgar como delito de Lesa Humanidad 70 años después, fue ocultado por la dictadura. Recién se sabrá de él 6 meses después, cuando el diario Propósitos publica una nota de Rodolfo Walsh y Enriqueta Muñiz, denunciando los crímenes a partir del testimonio de uno de los sobrevivientes, Juan Carlos Livraga.
De los 12 que fueron detenidos el 9 de junio y fusilados la madrugada del 10 de junio, 5 mueren en el lugar: Nicolás Carranza, Francisco Garibotti, Vicente Rodríguez, Carlos Lizaso y Mario Brión. Otros 7 sobreviven, algunos heridos de gravedad, corriendo distinta suerte.
Según reconstruyó el Juicio por la Verdad: Juan Carlos Livraga recibió heridas de bala en la cara y el brazo. pero sobrevivió y fue posteriormente hospitalizado; Miguel Angel Giunta logró escapar herido levemente y se refugió en la estación Chilavert, luego fue detenido y liberado tiempo después; Horacio di Chiano fingió su muerte durante el fusilamiento y logró huir del lugar, permaneciendo oculto varios meses; Norberto Gavino escapó de los basurales y se asiló en la embajada de Bolivia; Julio Troxler y Reinaldo Benavídez escaparon y se exiliaron en Bolivia y Rogelio Díaz sobrevivió y estuvo oculto durante meses, luego fue detenido y encarcelado.
Operación Masacre: la verdad sale a la luz
En diciembre de 1956, a Rodolfo Walsh le llega el dato de que hay sobrevivientes de los fusilamientos de junio del 56 y que uno de los hechos había sido ocultado por la Dictadura, justamente los fusilamientos de José León Suárez. “Hay un fusilado que vive”, le dijeron, en referencia a Juan Carlos Livraga. Junto a su colega Muñiz, se abocan de lleno a conseguir la denuncia de Livraga y elaboran una investigación periodística que sacará a la luz detalles de suma importancia y serán la base del famoso Operación Masacre, que sale a la luz en 1957.
Lo crucial de la investigación de Walsh, que comienza a sufrir la persecución del entonces Jefe de la Bonaerense Fernández Suárez, es que determinan que los decretos de la Ley marcial con los que la dictadura pretendía darle cobertura legal a las ejecuciones, rigieron un día después de los fusilamientos. Los decretos de Aramburu por los que dictó la Ley marcial y la pena de muerte, fueron publicados en el Boletín Oficial luego de la rebelión. Eran ejecuciones ilegales, actos propios de una dictadura que utilizó el terrorismo de estado como modus operandi.
Si bien nunca pagarán sus crímenes, la historia ha puesto a los Rojas, a los Aramburu y Fernández Suárez en el lugar que corresponde, el de criminales enemigos del pueblo y la nación. Nosotros, el pueblo trabajador, podemos contar cientos, miles de héroes por los que nos sentimos orgullosos, que nos han dejado su ejemplo como bandera y guía. Como diría el General Valle, que distinta suerte la de aquellos que atacaron a su propia gente, que entregaron su nación, y hoy sólo les cabe el desprecio. Sin dudas, nos quedamos con la nuestra.
A 70 años de aquella masacre, la sentencia dada por el Juzgado Federal 2 de San Martín, viene a reparar la Memoria Histórica, poniendo en su lugar a quienes en nombre de la libertad, levantaron sus armas contra su propio pueblo. La masacre de José León Suárez y los fusilamientos de junio de 1956, lejos de ahogar la lucha, marcaron el inicio de la denominada “Resistencia Peronista”. A partir de allí se luchó incansablemente por la recuperación democrática, el fin de la proscripción y la vuelta de un proyecto de país con soberanía y justicia.
La sentencia conocida el pasado 22 de junio constituye entonces mucho más que un reconocimiento judicial. Es un acto de reparación histórica que reafirma que los fusilamientos de junio de 1956 fueron parte de un plan sistemático de persecución política contra el movimiento popular y el pueblo trabajador. También demuestra que la memoria, sostenida durante décadas por familiares, sobrevivientes, organismos de derechos humanos, investigadores y organizaciones sindicales, termina abriendo paso a la verdad y a la justicia.
A setenta años de aquellos crímenes, el fallo devuelve dignidad a quienes fueron asesinados por defender sus convicciones y pone definitivamente en el lugar que les corresponde a los responsables de la violencia estatal ejercida por la dictadura de 1955. La Masacre de José León Suárez no logró apagar la resistencia popular: por el contrario, abrió una etapa de organización y lucha que tendría al movimiento obrero como uno de sus principales protagonistas.
Mantener viva esa memoria es también defender las conquistas alcanzadas por generaciones de trabajadores y reafirmar el compromiso permanente con la democracia, la soberanía nacional, la justicia social y los derechos del pueblo argentino.
Porque la verdad histórica no prescribe y la memoria de quienes lucharon por una patria más justa continúa siendo una bandera irrenunciable del movimiento obrero organizado.
