El trabajo es un Derecho Humano fundamental. Esta ley lo pisotea.

No a la Reforma Laboral. LA LUCHA CONTINÚA

Hay palabras que pesan. «Dignidad». «Justicia». «Derechos». Nosotros, los lucifuercistas cordobeses, las aprendimos desde que en 1944 un puñado de trabajadores de la electricidad decidió organizarse frente a una patronal extranjera que no reconocía ni el más mínimo derecho. Las aprendimos en las calles del Cordobazo, junto a Agustín Tosco, que enseñó con su vida entera que un dirigente sindical no existe para negociar su propio beneficio, sino para que ningún compañero quede atrás. Las aprendimos defendiendo el Convenio Colectivo 165/75 y la EPEC estatal contra cada embate privatizador. Por eso, cuando un gobierno intenta vaciarlas de contenido con una lapicera y una mayoría legislativa circunstancial, nuestra respuesta no puede ser otra que la indignación y la acción.

La reforma laboral que acaba de aprobar el Congreso no es una cuestión técnica ni un debate de economistas. Es un ataque directo a los derechos humanos de quienes viven de su trabajo. El derecho al trabajo digno está consagrado en el artículo 23 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, en el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales —con rango constitucional en la Argentina desde 1994— y en los convenios de la OIT que el propio Estado argentino suscribió. Esta ley los viola. Sin eufemismos: los viola.

No somos los únicos en decirlo. El Papa Francisco, con una claridad que incomoda a los poderosos, señaló que «el trabajo es una necesidad, es parte del sentido de la vida en esta tierra, camino de madurez, de desarrollo humano y de realización personal» (Laudato Si’, 128). Y fue más lejos aun cuando advirtió que «una economía que no hace que funcionen los hombres para que trabajen con dignidad es una economía que no sirve al hombre, que está al servicio de un dios que se llama dinero.» Para Francisco, el trabajo no es una mercancía: es una dimensión constitutiva de la persona humana. Esta ley trata a los trabajadores exactamente como lo que el Papa condena: como una variable de ajuste del balance empresarial.

¿Cómo puede llamarse «digna» una relación laboral donde el trabajador despedido cobra su indemnización «en cuotas», calculada sin incluir el aguinaldo ni los bonos, con tope en tres salarios promedio de convenio? ¿Dónde queda la protección contra el despido arbitrario que garantiza el artículo 14 bis de nuestra Constitución? El trabajador que pierde su empleo no puede pagar el alquiler en cuotas. No puede alimentar a sus hijos en cuotas. La precarización no es un dato técnico: es una forma de violencia económica que destruye proyectos de vida.

El Papa Francisco lo nombra sin rodeos: «No se puede tolerar que millones de personas no puedan tener un trabajo digno, mientras una minoría sin escrúpulos acumula riquezas.» Esas palabras, pronunciadas ante movimientos populares del mundo entero, resuenan hoy con fuerza en Argentina. Porque esta reforma no cayó del cielo: fue construida a medida de quienes acumulan, en perjuicio de quienes producen.

La extensión del período de prueba a seis —y hasta ocho— meses sin indemnización convierte la contratación formal en una trampa: el empleador puede rotar trabajadores indefinidamente, sin costo, sin compromiso, sin responsabilidad. Esto no genera empleo; genera servidumbre con contrato. Y el llamado «salario dinámico», determinado unilateralmente según criterios de «mérito» patronal, no es otra cosa que la restauración del poder discrecional que el derecho laboral moderno fue construido, precisamente, para limitar. Hay que llamarlo por su nombre: entrega.

Sobre este punto, la Doctrina Social de la Iglesia es contundente desde hace más de un siglo, y Francisco la actualiza con vigor: en la Encíclica “Laudate Deum” y en sus discursos ante la OIT, el Papa insiste en que «el salario justo no es un favor del empleador: es una obligación de justicia.» La fijación unilateral del salario por «mérito» patronal es exactamente lo contrario de la justicia distributiva que Francisco reclama con insistencia.

Pero el ataque más grave es el que apunta al corazón de la organización colectiva. Al debilitar los convenios de actividad y restringir el derecho de huelga, esta ley busca desarticular el único contrapeso real que tienen los trabajadores frente al capital. Desde Luz y Fuerza de Córdoba sabemos mejor que nadie lo que cuesta un convenio: cada artículo del 165/75 tiene detrás años de lucha, de asambleas, de compañeros que arriesgaron el trabajo, la libertad y sus vidas. Ese saber no se resigna.

El Papa Francisco defiende explícitamente ese derecho: «Los sindicatos han nacido de la lucha de los trabajadores por mejores condiciones. Es necesario que los sindicatos existan, porque el trabajador solo no puede defenderse.» Atacar los convenios colectivos y el derecho de huelga es, según la propia voz del Papa, atacar la dignidad del trabajador en su dimensión más concreta y más humana.

Y hay que decirlo con todas las letras: esto no lo hizo el Gobierno solo. Detrás de cada voto que aprobó esta reforma hay gobernadores que negociaron en silencio sus propias ventajas, legisladores que prometieron defender a sus representados y terminaron alineados con los intereses patronales, y los grandes grupos económicos concentrados que llevan años esperando esta oportunidad. Las cámaras empresariales aplaudieron antes de que se secara la tinta. Los mismos que piden flexibilidad para contratar son los que llevan décadas evadiendo aportes y tercerizando derechos. La complicidad tiene nombres, tiene bancadas y tiene balances contables.

Francisco lo llama por su nombre: «Esta economía mata» (Evangelii Gaudium, 53). No es retórica: es diagnóstico. Una economía que precariza el trabajo, que elimina las protecciones del despido, que subordina el salario al criterio del patrón, no solo empobrece: destruye tejido social, fragmenta familias, condena comunidades enteras. Es una economía que, en palabras del Papa, «excluye e inequita» en lugar de incluir y dignificar.

Desde nuestra organización, la respuesta debe estar a la altura de lo que está en juego. Hay que articular con las organizaciones de derechos humanos, con los movimientos sociales, con todos quienes entienden —con o sin sotana— que la justicia social no es un slogan: es una condición de la paz. Y exigirle rendición de cuentas a cada funcionario que eligió al capital por encima del trabajo. La energía que ilumina Córdoba la producen trabajadores con derechos. Esa energía también alimenta nuestra resistencia.

¡Los derechos no se negocian! Se defienden. ¡Siempre lo supimos!