En pasado diciembre el Gobierno Nacional, a través del ministerio de Economía, avanzó en la privatización del Complejo Hidroeléctrico del Comahue, dentro del proceso de privatización de unidades de negocio de las empresas estatales ENARSA y NASA.
El complejo Hidroeléctrico del Comahue, compuesto por las Centrales Alicurá, El Chocón, Cerros Colorados y Piedra del Águila, entró en una nueva etapa privatizadora, después del primer proceso sufrido en los años 90, cuando también fueron concesionadas a 30 años.
Vencidas aquellas privatizaciones, el estado no avanzó en recuperar un recurso energético vital y estratégico, y ahora, un nuevo gobierno liberal sí avanza en su (re)enajenación.
Entre las voces que se expresaron, manifestó su rechazó la Federación de Trabajadores de la Industria y Afines (FETIA) precisando que las centrales del Comahue implican “infraestructura estratégica que representa el 24% de la generación eléctrica nacional y la fuente de energía más económica del país”. “Las represas no pueden ser reducidas a un negocio financiero. Constituyen la base de una visión integral de desarrollo regional, que articula agua, energía, transporte, producción y empleo, y que resulta indispensable para el crecimiento industrial, la ampliación de las economías regionales y la generación de trabajo genuino en la Patagonia y en todo el país”, expresó el Secretario General de FETIA, Pedro Wasiejko.
La infraestructura hidroeléctrica implicada en las Centrales del Comahue, como gran parte de las obras estratégicas y energéticas del país, fueron construidas por el Estado Nacional, mediante el esfuerzo económico, técnico y científico de generaciones de argentinos. Es desarrollo y Soberanía Nacional que otra vez se regala al mejor postor, permitiendo se conviertan en mera especulación y negocio financiero.
