Secretaría de Derechos Humanos. El pasado 12 de junio se conmemoró el Día Mundial contra el Trabajo Infantil, una fecha promovida por la Organización Internacional del Trabajo (OIT) que busca visibilizar una de las formas más extendidas de vulneración de derechos que aún persisten en el mundo. Aunque en las últimas décadas se registraron avances significativos, millones de niñas, niños y adolescentes continúan realizando actividades laborales que afectan su desarrollo, limitan sus oportunidades educativas y comprometen su futuro.
La conmemoración de este año encontró a la comunidad internacional frente a un escenario contradictorio. Por un lado, los últimos informes de la OIT y UNICEF mostraron una reducción global del trabajo infantil respecto de años anteriores. En 2024, cerca de 138 millones de niñas y niños se encontraban en situación de trabajo infantil, mientras que alrededor de 54 millones realizaban tareas peligrosas para su salud y seguridad. Si bien la cifra representa una mejora respecto de 2020, el mundo aún se encuentra lejos de alcanzar el objetivo de erradicar esta problemática.
América Latina y el Caribe constituyen una de las regiones que más progresos lograron durante las últimas dos décadas. Sin embargo, la problemática sigue afectando a millones de niños y niñas. La OIT estima que alrededor de ocho millones de menores de edad trabajan en la región y que más de la mitad de ellos se encuentran vinculados a actividades agrícolas. El trabajo infantil continúa concentrándose en los sectores más vulnerables de la sociedad, especialmente en zonas rurales, comunidades indígenas y hogares atravesados por situaciones de pobreza y exclusión.
Dentro de este panorama regional, Argentina presenta indicadores relativamente más favorables que otros países latinoamericanos. Diversos estudios ubican al país entre aquellos con menor incidencia del trabajo infantil en la región, junto con Uruguay y Chile. Sin embargo, ello no significa que el problema esté resuelto. Miles de niñas, niños y adolescentes continúan participando en actividades económicas, tareas domésticas intensivas o trabajos familiares que muchas veces permanecen invisibilizados por las estadísticas tradicionales.
Las diferencias regionales son significativas. Mientras que en los países del Cono Sur las tasas de trabajo infantil se encuentran entre las más bajas de América Latina, en algunas naciones de Centroamérica y el Caribe los niveles continúan siendo considerablemente más elevados. Factores como la pobreza estructural, la desigualdad territorial, la informalidad económica y la debilidad de los sistemas de protección social explican gran parte de estas diferencias.
En Argentina, los especialistas coinciden en que el trabajo infantil aparece estrechamente asociado a las actividades agrícolas, la economía informal urbana y determinadas tareas domésticas que recaen principalmente sobre niñas y adolescentes. Esta última dimensión suele permanecer oculta, pese a que implica largas jornadas de cuidado y trabajo no remunerado que afectan la escolarización y el desarrollo personal.
La persistencia del trabajo infantil demuestra que no alcanza con prohibirlo por ley. Su erradicación requiere políticas públicas sostenidas que garanticen ingresos suficientes para las familias, acceso universal a la educación, protección social efectiva y trabajo digno para las personas adultas. Cuando el empleo se precariza, los salarios pierden poder adquisitivo y aumentan las desigualdades, las infancias se vuelven más vulnerables a situaciones de explotación laboral.
Desde el movimiento sindical, la lucha contra el trabajo infantil forma parte de una agenda más amplia de defensa de los derechos humanos. Garantizar que ninguna niña o ningún niño deba trabajar para subsistir implica defender simultáneamente el derecho a la educación, a la salud, a la alimentación, a la recreación y a una vida digna. También implica fortalecer las condiciones laborales de las familias trabajadoras y promover un modelo de desarrollo que coloque a las personas en el centro de las políticas públicas.
A cincuenta años del inicio del terrorismo de Estado y en un contexto de profundos desafíos sociales y económicos, la defensa de las infancias continúa siendo una responsabilidad colectiva. Recordar el Día Mundial contra el Trabajo Infantil no supone únicamente revisar estadísticas: implica renovar el compromiso con una sociedad más justa, donde cada niña y cada niño pueda crecer libre de explotación, acceder plenamente a sus derechos y construir su proyecto de vida en igualdad de oportunidades.
Porque la infancia no debe trabajar. Debe aprender, jugar, crecer y soñar.
Secretaría de Derechos Humanos
Sindicato de Luz y Fuerza de Córdoba
